Adiós a los datos ocultos: qué cambia con el decreto de Sheinbaum

El gobierno federal dio un giro en el manejo de la información pública. Con un nuevo decreto presidencial, los secretarios y directores de área ya no podrán esconder documentos justificándose en la seguridad nacional o en juicios pendientes. Te explicamos cómo funcionará esta medida y qué impacto tendrá en tus derechos ciudadanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto diseñado para garantizar que los documentos gubernamentales sean realmente accesibles para cualquier persona. La medida ataca uno de los mayores obstáculos para la rendición de cuentas: la discrecionalidad.

Hasta ahora, la ley permitía que un funcionario determinara qué datos podían salir a la luz y cuáles debían mantenerse en secreto, escudándose frecuentemente en procedimientos judiciales o supuestos riesgos a la seguridad nacional. Con la nueva orden presidencial, ese criterio personal desaparece. Secretarios de Estado o directores de gigantes como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no tendrán la última palabra para ocultar expedientes.

Para asegurar que esta política no sea temporal, la mandataria enviará una iniciativa al Congreso de la Unión al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. El objetivo es convertir este decreto en una reforma formal a la Ley de Transparencia.

Los cuatro pilares de la apertura

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que el decreto —próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación— no solo cumple con lo mínimo que exige la ley, sino que busca llevar el principio de máxima publicidad a la práctica diaria.

La estrategia se sostiene en cuatro ejes:

• Contrataciones públicas: Los procesos de compra del Gobierno Federal estarán bajo la lupa con reglas más estrictas. Además, los contratos gubernamentales, incluidos los del sector energético, se publicarán cada mes, en lugar de cada tres meses.

• Empresas del Estado: Se abrirá la información de las filiales y subsidiarias de Pemex y la CFE, áreas históricamente opacas.

• Auditorías: Habrá reportes periódicos sobre las revisiones financieras y fiscalizaciones del gobierno.

• Alcance nacional: El gobierno federal lanzará un exhorto para que estados, municipios, legisladores y jueces adopten estas mismas reglas.

Un cambio operativo crucial es la reducción drástica de las excusas legales para negar información. Las 173 causales que hoy permiten reservar documentos se simplificarán y limitarán exclusivamente a casos donde se compruebe un riesgo real a la seguridad nacional o exista un proceso jurídico activo. Incluso en esos escenarios excepcionales, las dependencias estarán obligadas a entregar versiones públicas con los datos sensibles testados (tachados), en lugar de negar el documento completo.

Entender en qué se gasta el dinero de tus impuestos es un derecho fundamental que a menudo choca con la burocracia. Este decreto es importante porque te da herramientas directas para vigilar decisiones que afectan tu entorno: desde cuánto costó la obra pública de tu colonia y a qué empresa se le asignó, hasta los detalles de los contratos energéticos que impactan las finanzas del país. Al eliminar los pretextos legales que usaban los funcionarios para cerrar los archivos, tú, tu comunidad o los periodistas locales tendrán un camino mucho más libre para exigir cuentas claras, detectar corrupción y comprobar que el presupuesto se utilice donde realmente hace falta.