Ayotzinapa: FGR arresta a Ángel Aguirre por destruir pruebas
El exmandatario de Guerrero fue capturado en el Estado de México. La fiscalía lo señala de orquestar una operación para eliminar grabaciones de la noche del ataque contra los normalistas en Iguala.
La detención de Ángel Aguirre Rivero sacude nuevamente el tablero político y judicial de México. A casi una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el exgobernador de Guerrero fue capturado y enviado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusado directamente de borrar pruebas fundamentales de la noche del ataque.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, fue detenido ayer a las 9:46 horas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La captura ocurrió en la caseta de peaje de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro. Tras el arresto, fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como El Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez. Allí quedó a disposición del juzgado segundo de distrito en materia penal.
La acusación que lo llevó a prisión apunta a su participación directa en el encubrimiento del caso Ayotzinapa. Durante un mensaje a la nación, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, detalló que el perredista ordenó destruir evidencia de la noche del 26 de septiembre de 2014.
El foco de la investigación está en los videos captados por las cámaras de seguridad 12 y 15, ubicadas afuera del Palacio de Justicia del estado en Iguala. Estas grabaciones registraron el momento en que policías municipales y estatales interceptaron a un grupo de estudiantes que viajaba en el autobús Estrella de Oro número 1531.
Para la fiscal Godoy, la desaparición de este material visual no fue un accidente o un simple error. La funcionaria sostuvo que el ocultamiento de las grabaciones obedeció a una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal. Los expedientes elaborados en 2016 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) documentan que los 20 jóvenes a bordo de ese camión fueron obligados a descender para luego ser entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Aguirre, quien asumió el gobierno de Guerrero en abril de 2011, renunció a su cargo el 23 de octubre de 2014 acorralado por la crisis derivada de la desaparición de los normalistas. Tras concretarse su captura, dirigentes de Morena definieron el hecho como un paso clave en la búsqueda de la verdad.
Entender el peso de esta detención va más allá de los titulares políticos y nos impacta de forma directa como ciudadanos. Nos recuerda que la exigencia colectiva por la justicia tiene eco y que las estructuras de poder que apuestan por la impunidad pueden ser desmanteladas, incluso años después. Para la sociedad, seguir este caso es fundamental para exigir que las autoridades rindan cuentas reales y para vigilar que quienes ocupan cargos públicos nunca utilicen sus recursos o influencias para silenciar la verdad y encubrir tragedias.