Bolivia abre investigación contra Evo Morales por muertes de 2009

El Ministerio Público de Bolivia abrió una investigación penal contra el expresidente Juan Evo Morales Ayma y su exvicepresidente Álvaro García Linera por presunto asesinato, torturas y privación de libertad en el operativo del Hotel Las Américas en 2009, reactivando un expediente bajo escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos.

La reactivación judicial del asalto en Santa Cruz

El fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, notificó al Tribunal Supremo de Justicia el inicio formal de la fase de acumulación de antecedentes contra el expresidente Juan Evo Morales Ayma y el exvicepresidente Álvaro García Linera. La investigación preliminar atribuye a ambos exmandatarios la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, además de privación indebida de la libertad.

La apertura del caso procede tras la denuncia presentada por los congresistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El proceso penal revisa los acontecimientos ocurridos hace 17 años en la ciudad de Santa Cruz, cuando fuerzas de élite policiales irrumpieron en el Hotel Las Américas durante una intervención que concluyó con tres personas abatidas y dos detenidas.

El nombramiento de Urioste por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional se produjo una semana antes de esta notificación, luego de la detención preventiva del fiscal general titular Roger Mariaca, investigado por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

¿Por qué se investiga un operativo de 2009?

El 16 de abril de 2009, un comando policial ingresó a las habitaciones del hotel cruceño y abatió con disparos al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi. En el mismo despliegue fueron capturados con vida el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, quienes sostienen haber sido víctimas de tortura física y psicológica durante su custodia inicial.

En aquel momento, el gobierno boliviano defendió el uso de la fuerza al asegurar que el grupo armado respondía a un complot financiado por sectores económicos de la élite de Santa Cruz para instaurar un movimiento separatista armado. No obstante, las representaciones legales de los afectados impugnaron la versión del choque armado.

El diputado Rodrigo Antonio afirmó a la agencia AFP que no existió resistencia armada por parte de los huéspedes del establecimiento y que las tres muertes correspondieron a ejecuciones extrajudiciales directas. Durante la jornada del operativo, Morales declaró ante medios en Venezuela que había ordenado personalmente intervenir el lugar para aprehender a los presuntos mercenarios, testimonio que la parte acusadora califica como instrucción jerárquica directa de la acción armada.

A continuación se detalla la situación procesal y los perfiles de los involucrados en el caso central:

El dictamen de la CIDH y la presión procesal sobre Morales

La controversia escaló al plano del derecho internacional cuando familiares y defensores recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2021, el organismo con sede en Washington emitió un informe concluyente donde determinó la responsabilidad del Estado boliviano por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las debidas garantías judiciales, trasladando la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Este nuevo expediente se suma a la compleja situación de Evo Morales, quien permanece recluido políticamente en su bastión sindical del Chapare, en el departamento de Cochabamba. El dirigente enfrenta otras dos órdenes de aprehensión: una por presunta trata de personas relacionada con una supuesta relación con una menor de edad, y otra vinculada con bloqueos viales que interrumpieron el tránsito nacional durante 53 días en 2026. Morales ha rechazado la validez jurídica de ambas acusaciones.