Carreras, gas y obra pública: la red en Tamaulipas ligada al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro y la Unidad de Inteligencia Financiera congelaron activos de constructoras, gaseras y un hipódromo vinculados a lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México sancionaron a cuatro operadores y 11 empresas con sede en Tamaulipas y Nuevo León ligadas al Cártel del Noreste (CDN), las cuales utilizaban contratos de obra pública, gaseras y carreras de caballos para lavar dinero.
Las autoridades financieras de Estados Unidos y México desplegaron una acción coordinada contra la estructura corporativa del Cártel del Noreste (CDN) en el norte del país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sancionaron a cuatro ciudadanos mexicanos y a 11 empresas que operaban esquemas de blanqueo de capitales a través de contratos gubernamentales, comercialización de hidrocarburos, transporte de carga y carreras de caballos.
De acuerdo con el titular del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, la organización delictiva —surgida como escisión de Los Zetas— mantiene desde al menos 2008 el uso de la industria hípica de caballos cuarto de milla para ingresar recursos ilícitos al sistema bancario formal tanto en México como en hipódromos de California y Nuevo México.
La red empresarial sancionada en Tamaulipas y Nuevo León
La investigación binacional ubicó como pieza central al empresario Gamaliel Garza García y a su hijo, Gamaliel Garza Elías. La OFAC documentó que su empresa principal, Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), obtuvo contratos con el gobierno municipal de Nuevo Laredo y el gobierno del estado de Tamaulipas, los cuales fueron subcontratados a terceros vinculados a la organización criminal y empleados para inyectar efectivo a campañas electorales.
Para cerrar el ciclo de obra, Garza García constituyó Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), proveedora exclusiva de materiales. El Departamento del Tesoro precisó que, a inicios de 2026, ambas compañías figuraban entre las pocas autorizadas por el grupo armado para realizar desarrollos de infraestructura en Nuevo Laredo.
El resto de las entidades comerciales designadas por las autoridades financieras abarca los ramos inmobiliario, energético y logístico:
La firma de logística Tamex fue integrada a la lista luego de que inspecciones fronterizas detectaron 52 kilogramos de cocaína ocultos en tambores de freno de remolques despachados desde sus instalaciones hacia territorio estadounidense por Francisco Javier Inzunza Partida, alias "Pancho Amador". En el ámbito recreativo, la OFAC identificó al Club La Molienda, un recinto con restaurante y pista de carreras ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo. Dicho centro opera bajo la supervisión de la directiva del cártel y de Miguel Ángel Treviño Morales, alias "El Z-40", quien purga condena en una prisión federal de Estados Unidos. El establecimiento cobraba cuotas obligatorias a jinetes y asistentes para presenciar competencias de caballos comprados en Estados Unidos. Las indagatorias revelaron que La Molienda mantuvo un acuerdo con el Casino Centenario para operar apuestas cruzadas entre ambos establecimientos, esquema que fue desarticulado en abril de 2026 mediante un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de ambos países que derivó en la suspensión del casino. Paralelamente, las autoridades designaron a Pablo César Guajardo Álvarez, alias "El Takia", identificado como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y responsable del tráfico de armamento para la organización. Guajardo Álvarez había sido detenido en 2020 por el homicidio del funcionario Ricardo Martínez Chávez y cuatro de sus colaboradores ocurrido el 4 de enero de 2017, pero recuperó su libertad posteriormente. Tras la emisión de la orden estadounidense, la UIF informó que procedió a la inclusión de las cuatro personas y las 11 razones sociales en la Lista de Personas Bloqueadas del sistema bancario mexicano. La dependencia federal sustentó la medida en un análisis fiscal y patrimonial que arrojó transferencias internacionales injustificadas, discrepancias en declaraciones tributarias, sociedades fantasma y la adquisición recurrente de joyería, fincas y vehículos de alta gama sin respaldo transaccional. La UIF precisó que el congelamiento de cuentas se efectúa bajo los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su modalidad de medida cautelar administrativa, por lo que no existe por el momento una carpeta con denuncia penal radicada ante la Fiscalía General de la República (FGR).¿Cómo operaba el circuito de apuestas y entretenimiento en Nuevo Laredo?
La respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera en México