Caso Ruffo: dejan sin brazalete y en su casa al exgobernador vinculado a proceso

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonará el penal de máxima seguridad del Altiplano. Tras acreditar múltiples complicaciones crónicas de salud y sus más de 70 años de edad, un juez federal ordenó que continúe bajo arresto domiciliario en Ensenada el proceso penal que enfrenta por presunto huachicol fiscal.

Durante la audiencia incidental celebrada este viernes, la defensa legal de Ruffo Appel presentó dictámenes clínicos certificados para justificar el cambio de medida cautelar. Los informes médicos documentan hipertensión, dislipidemia mixta con niveles críticos de colesterol y triglicéridos, hipertrofia prostática benigna, un trastorno cardíaco y secuelas de movilidad derivadas de una intervención quirúrgica en la columna efectuada en 2025.

La Fiscalía General de la República (FGR), junto a los representantes jurídicos de Pemex y la Secretaría de Hacienda, no manifestaron oposición a la solicitud de los litigantes. Ante el allanamiento técnico de las partes acusadoras, el juez de control modificó el régimen restrictivo impuesto desde julio, cuando el exmandatario fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

El esquema fijado por el juzgador contempla custodia presencial de la Guardia Nacional las 24 horas del día en el inmueble designado en Ensenada, pase de lista diario mediante videollamada y la entrega inmediata de pasaporte y visa para anular cualquier riesgo de fuga. Por instrucción judicial, Ruffo Appel no portará brazalete electrónico para agilizar su traslado ante una eventual hospitalización de urgencia. La autoridad judicial otorgó un plazo de 48 horas para coordinar la logística del traslado interestatal.

La causa penal contra el político bajacaliforniano investiga una estructura transfronteriza presuntamente dedicada a la internación ilegal y desvío de millones de litros de combustible diésel evadiendo aranceles.

Para la ciudadanía, esta resolución ejemplifica cómo operan los mecanismos procesales y los criterios de derechos humanos en el sistema penal acusatorio cuando confluyen la avanzada edad y enfermedades degenerativas. Comprender que el cambio de medida cautelar no equivale a una sentencia absolutoria permite dar seguimiento crítico a los litigios contra exfuncionarios públicos sin perder de vista que el juicio por daño patrimonial al Estado sigue su curso legal.

Firma Editorial: Miriam Armas

Periodista y analista en InfoBullet México. Ver perfil editorial y más artículos →