Ceci y K5 en el C5: por qué los robots patrulla aún no vigilan
El C5 de Toluca evalúa modelos humanoides y cuadrúpedos prestados sin costo inicial, pero el software apenas alcanza el 50% de desarrollo y enfrenta advertencias civiles por falsos positivos.
Lejos de la ficción de patrullajes autónomos, la llegada de robots al Centro de Control de Toluca destapa una fase experimental plagada de limitaciones técnicas, costos millonarios en integración de software y dilemas legales sobre el uso de reconocimiento facial para detener ciudadanos.
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca mantiene a prueba a Ceci, un robot humanoide Unitree G1 de 1.32 metros, y a K5, un cuadrúpedo Unitree Go2. Ambos equipos fueron exhibidos en julio durante una conferencia matutina federal como el futuro de la vigilancia mexiquense; sin embargo, en los hechos operativos permanecen en pausa y lejos de sustituir a los agentes en las calles.
Hugo Ulises Barajas Durán, director del C5, explica que las unidades operan bajo una prueba de concepto gracias a un préstamo del proveedor privado, sin representar por ahora una erogación presupuestal directa. La meta técnica busca conectar sensores LiDAR 3D, cámaras de profundidad y lectores de placas con los monitores centrales para rastrear vehículos robados o enviar a K5 a mapear zonas de rescate peligrosas. No obstante, las máquinas vienen configuradas de fábrica con rutinas de baile o movimientos básicos, por lo que los desarrolladores locales apenas reportan entre un 25% y 50% de avance en la integración de sus algoritmos de inteligencia artificial.
La viabilidad financiera abre otra interrogante relevante. Si bien el modelo humanoide cotiza de fábrica alrededor de 232 mil pesos mexicanos (13,500 dólares) y el cuadrúpedo parte de los 1,600 dólares, el costo final para el erario suele multiplicarse de forma sustancial. Como antecedente en compras públicas, San Pedro Garza García, en Nuevo León, registró a finales de 2025 la compra de un robot similar por 429,101 pesos para tareas de monitoreo, dado que las licitaciones exigen contemplar desarrollo de software a la medida, ciberseguridad, reemplazo de baterías con duración de hasta cuatro horas y soporte continuo.
En el plano de las garantías individuales, el despliegue de esta tecnología genera preocupación entre defensores cívicos. Francisco Rivas, titular del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte que los algoritmos de reconocimiento facial presentan márgenes de error por mala iluminación o rasgos similares, por lo que una alerta automatizada jamás debe servir como base única para una captura policial. Esta tecnología carece de valor si no está respaldada por ministerios públicos capacitados, investigaciones judiciales robustas y patrullas reales en territorio.
Entender el alcance real de estos pilotos te permite distinguir entre propaganda gubernamental y mejoras efectivas en la seguridad de tu colonia. Frente al entusiasmo oficial por adquirir tecnología llamativa, la exigencia ciudadana debe apuntar a la rendición de cuentas sobre el gasto en contratos de software, a la protección de datos personales ante cámaras biométricas y a la demanda de que los recursos públicos fortalezcan primero a policías y fiscalías locales antes de delegar la justicia a máquinas en fase de prueba.