CIDH exige a México investigar al Ejército a 12 años de Ayotzinapa
El organismo interamericano denuncia intentos por debilitar las pruebas del GIEI y exige indagar la complicidad armada en la desaparición de los 43 normalistas.
Al cumplirse doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a las autoridades mexicanas a romper el cerco sobre las fuerzas armadas. El organismo alertó sobre narrativas oficiales que buscan diluir la responsabilidad de mandos militares y policiales vinculados con redes criminales en Guerrero.
El reclamo de verdad en el caso Ayotzinapa volvió a colocarse en la agenda internacional. En el marco del doceavo aniversario de los ataques de septiembre de 2014 en Iguala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado mexicano a extender sus expedientes hacia las estructuras de mando político, las corporaciones policiales y los cuarteles militares.
El organismo regional subrayó la necesidad de desentrañar los nexos entre mandos castrenses y los grupos del crimen organizado que operaban en la zona durante la noche de la agresión. El señalamiento coincide con un prolongado hermetismo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución que mantuvo retenida información clave a lo largo de tres administraciones federales consecutivas.
La CIDH externó su alarma ante el resurgimiento de discursos públicos orientados a minimizar o descartar el papel de las tropas en el terreno. En ese contexto, advirtió sobre la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, acusada de descalificar los peritajes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para desviar la atención hacia funerarias locales sin tocar los mandos castrenses.
Para el tribunal interamericano, restar valor al trabajo de las organizaciones civiles y los paneles técnicos independientes debilita el acceso a la justicia y prolonga la incertidumbre sobre el destino de los normalistas.
Exigir claridad en la actuación de los cuerpos de seguridad no solo atañe a las familias de las víctimas: garantiza que ninguna institución armada opere por encima de la ley, protege los derechos fundamentales de cualquier ciudadano frente al abuso de autoridad y define las garantías democráticas con las que transitamos las calles del país todos los días.