Costa Rica abre megacárcel estilo Bukele ante crisis de violencia
El penal de alta contención para 5.100 reos busca frenar los homicidios vinculados al narco mediante el aislamiento severo y el retiro de beneficios penitenciarios.
Con una inversión de 35 millones de dólares y capacidad para recluir a 5.100 internos, Costa Rica alista la puesta en marcha del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). El complejo penal materializa la adopción directa del esquema de máxima seguridad impulsado en El Salvador, en medio del periodo más violento registrado en suelo costarricense.
El Gobierno costarricense confirmó que el próximo 14 de octubre entrará en funciones el nuevo recinto penitenciario levantado en San Rafael de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José, contiguo a la prisión de La Reforma. La presidenta Laura Fernández encabezó la supervisión de las instalaciones y defendió la infraestructura bajo la promesa de responder al reclamo ciudadano contra la impunidad y el temor en los barrios.
El diseño y régimen de operación del CACCO replican los parámetros del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño, referente institucional que las autoridades locales tomaron como base tras las visitas bilaterales realizadas entre Rodrigo Chaves y Nayib Bukele desde fines de 2024. Más allá del levantamiento de muros y celdas colectivas, el plan de seguridad involucró cambios en el sistema carcelario: cancelación de tomas eléctricas dentro de los dormitorios, recorte de visitas conyugales, restricciones severas a la entrega familiar de alimentos y ropa, además del cierre de expendios internos de compra.
La edificación de esta prisión responde a una tasa que ronda los novecientos asesinatos anuales en territorio costarricense, de los cuales cerca del 70% está ligado a pugnas territoriales entre grupos de narcotráfico. A la par del endurecimiento carcelario, el Ejecutivo ha puesto a trabajar a cuadrillas de reclusos en labores viales y ha mantenido señalamientos directos hacia las resoluciones del Poder Judicial para justificar el endurecimiento penal.
Para la vida diaria ciudadana, entender este viraje penitenciario permite anticipar el rumbo de la convivencia social y los presupuestos públicos: cuando un Estado traslada recursos prioritarios hacia la contención carcelaria, las comunidades deben dar seguimiento cercano a si la medida logra desarticular las redes delictivas en las calles o si solo traslada el problema tras las rejas sin atender las raíces de la violencia.