Cuatro meses en llamas: la crisis insostenible del pozo Krem-1 de Pemex

El siniestro en Las Choapas ha liberado medio millón de toneladas de CO2 y mantiene en alerta a 29 comunidades ante la complejidad técnica para sellar la estructura.

El incidente que dio origen a esta contingencia ocurrió el pasado 5 de marzo de 2026, cuando las labores de perforación alcanzaron una profundidad superior a los 3,300 metros en el municipio de Las Choapas. Un flujo imprevisto de gas desde el subsuelo activó los protocolos de seguridad iniciales, desviando la presión hacia el sistema de quemadores. Sin embargo, una fuga posterior en las conexiones superficiales desató la ignición del equipo, obligando a una evacuación preventiva que, según los reportes oficiales, no dejó personas lesionadas.

A pesar de que las autoridades han insistido en que la situación se encuentra bajo control operativo, la realidad técnica del yacimiento impide apagar el fuego de manera inmediata. Expertos y directivos de la petrolera estatal han señalado que intervenir un pozo dañado de esta naturaleza requiere remover componentes destruidos, seccionar elementos con tecnología especializada y construir infraestructura complementaria para evitar explosiones mayores. Apagar las llamas sin asegurar primero el cierre del flujo subterráneo representaría un riesgo explosivo inaceptable.

El costo ambiental y social de esta emergencia petrolera ha escalado de forma exponencial. Cálculos difundidos por Greenpeace y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, respaldados por datos de CartoCrítica, apuntan a la quema de aproximadamente 252 millones de metros cúbicos de gas, equivalentes a unas 500,000 toneladas de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera. Las afectaciones territoriales rozan las 270 hectáreas e impactan directamente a 29 comunidades de la región sur de Veracruz.

“Los que hemos trabajado en la industria petrolera sabemos del trabajo y de los incidentes que deja la industria. Es un pozo de gas que tarda en controlarse. Está controlado, pero hay que apagarlo. Trajeron técnicos y maquinaria del extranjero para poder apagarlo”, reconoció Rocío Nahle, gobernadora del estado.

Paralelamente, los habitantes de la zona afectada han alzado la voz ante la persistencia de síntomas físicos como dolores de cabeza, náuseas, irritación ocular y problemas respiratorios. Los testimonios locales describen daños irreversibles en la flora y fauna de traspatio, además de la contaminación de cuerpos de agua como el arroyo Armadillo. Aunque Pemex sostiene que el monitoreo actual registra principalmente la emanación de vapor y agua sin niveles críticos de explosividad, las demandas de peritajes independientes continúan multiplicándose.

Por su parte, el Gobierno federal ha delegado la respuesta técnica en la propia empresa productiva del estado y en la administración veracruzana, solicitando revisiones coordinadas con las secretarías de salud estatal y federal. Mientras la maquinaria extranjera y los especialistas continúan las maniobras de taponamiento definitivo, las comunidades de Las Choapas enfrentan un panorama incierto, a la espera de que las promesas de remediación ambiental comiencen a dar frutos una vez que el fuego finalmente se extinga.