De monumento a la corrupción a universidad: el futuro de la mansión de Durazo
El Gobierno federal destinará 150 millones de pesos para adecuar el inmueble, que albergará la Universidad Rosario Castellanos y una preparatoria pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la antigua residencia del exjefe policiaco Alfonso "El Negro" Durazo, ubicada en la alcaldía Tlalpan, será transformada en un plantel de la Universidad Rosario Castellanos y una preparatoria pública. El proyecto requerirá una inversión inicial de 150 millones de pesos.
El Gobierno federal convertirá la propiedad que perteneció a Alfonso "El Negro" Durazo —jefe de la policía durante el sexenio de José López Portillo— en un complejo educativo. De acuerdo con el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el espacio transitará de ser un "monumento a la corrupción" a una instalación académica pública con una inversión de 150 millones de pesos para adecuar el plantel universitario y construir el bachillerato.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, precisó que el área destinada a educación media superior contará con al menos 20 aulas. Para lograrlo, el Gobierno lanzará la licitación correspondiente durante el mes de noviembre, con el objetivo de que las instalaciones operen en el próximo ciclo escolar.
Por su parte, la Universidad Rosario Castellanos ya emitió la convocatoria para este nuevo campus. Según la rectora Alma Herrera, el plantel tiene proyectado entrar en operación en 2027 y cuenta ya con un registro de 3,067 alumnos inscritos para las cinco carreras iniciales.
¿A quién afecta el proyecto?
La principal población impactada serán los habitantes de la zona sur de la Ciudad de México. La presidenta municipal de Tlalpan, Gabriela Osorio, señaló que esta será la primera sede de la Universidad Rosario Castellanos en San Andrés Totoltepec, lo que beneficiará directamente a los pueblos aledaños de la demarcación.
El proyecto se inscribe en la estrategia de expansión educativa iniciada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las Universidades Benito Juárez (que suman 230 sedes) y continuada ahora en la capital y zona metropolitana, donde actualmente se construyen diez nuevas sedes en los municipios conurbados del oriente debido a la alta demanda.
El anuncio presidencial enfatiza el simbolismo político: arrebatar un espacio histórico de impunidad para entregarlo a la educación pública. Sin embargo, en términos administrativos, el dato clave que Sheinbaum Pardo ofreció de pasada es que "ya se destrabó la situación jurídica" del inmueble. El Gobierno federal no detalló bajo qué figura legal se concretó esta posesión definitiva, ni si existen amparos pendientes por parte de los herederos o terceros que pudieran retrasar la licitación de noviembre o comprometer la inversión de 150 millones de pesos.