EE. UU. lanza cacería contra el CJNG y ofrece 100 millones
Washington eleva la presión sobre el cártel con recompensas millonarias, advierte sobre la protección de autoridades en México y destapa un fraude masivo de tiempos compartidos.
El gobierno de Estados Unidos decidió ir con todo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ya no solo lo considera una organización terrorista extranjera, sino que acaba de lanzar una ofensiva judicial que incluye el retiro de visas, pagos millonarios por información y un mensaje muy directo sobre la protección política que el grupo recibe en nuestro país.
La estrategia para desarmar a la cúpula del cártel fue anunciada desde el Departamento de Justicia. El procurador general interino, Todd Blanche, confirmó la apertura de nuevos procesos penales contra cinco operadores clave: Julio Alberto Castillo Rodríguez, Hugo Mendoza Gaytán, Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela.
Todos ellos se suman a la lista de altos mandos que ya estaban en la mira estadounidense, donde sobresale Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón". Washington identifica a este personaje —hijastro del fallecido "Mencho"— como el actual líder máximo de la organización criminal.
Recompensas y el negocio del fraude
Para acorralar a estos líderes, el Departamento de Estado puso sobre la mesa una bolsa global de recompensas que supera los 100 millones de dólares. Tan solo por información que facilite la captura de "El Pelón", el gobierno ofrece 25 millones. La estrategia financiera también incluye una oferta de 2 millones por Griselda Margarita Arredondo Pinzón y la cancelación de visas a 65 personas que tienen nexos comerciales o familiares con los mandos del cártel.
El golpe de las autoridades no se limita al narcotráfico. Tres de los implicados enfrentan cargos por orquestar un fraude masivo con la venta de tiempos compartidos. Este esquema estafó a unos 6,000 estadounidenses —en su mayoría adultos mayores— generándoles pérdidas por 400 millones de dólares.
El reclamo por la corrupción política
Durante el anuncio, la Administración para el Control de Drogas (DEA) adoptó una postura frontal. Su director, Terry Cole, calificó al fentanilo como un "arma de destrucción masiva" y dejó claro que su objetivo no son solo los capos, sino las redes de complicidad política.
Cole acusó sin rodeos a elementos del gobierno mexicano de escudar a los líderes del CJNG, facilitando el trasiego de drogas y el lavado de dinero. "La DEA viene por ti y ningún título, puesto o conexión política te podrá escudar", sentenció, marcando a "El Pelón" como su máxima prioridad.
Pese a la dureza del reclamo sobre la corrupción institucional, el titular de la agencia aclaró que mantienen una línea de diálogo abierta con México, destacando su comunicación constante con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para coordinar operativos. Con más de 200 extradiciones recientes y las severas condenas impuestas a las cabezas del Cártel de Sinaloa, la justicia estadounidense advierte que el CJNG enfrenta ahora el mismo nivel de asedio.
Aunque las decisiones en los tribunales de Washington suenan lejanas, una ofensiva de este tamaño marca el ritmo de la seguridad en México. Cuando Estados Unidos presiona al nivel de ofrecer 100 millones de dólares y acusa abiertamente de corrupción a las autoridades, el gobierno mexicano suele reaccionar incrementando los operativos policiales y militares. Esta dinámica reacomoda las fuerzas en las calles, altera el clima de seguridad en los estados donde opera el cártel y puede generar episodios de violencia local. Además, el millonario fraude de los tiempos compartidos es un recordatorio directo de que el crimen organizado diversificó sus negocios, afectando el turismo, las economías locales y poniendo en riesgo el patrimonio de los ciudadanos que interactúan con servicios comerciales aparentemente normales.