El Caballo de Troya Latinoamericano. Cap. 3

En octubre de 1967, las fuerzas bolivianas, pertrechadas y asesoradas doctrinariamente por instructores militares estadounidenses adscritos a la influencia del Comando Sur, rastrearon, capturaron y ejecutaron al revolucionario argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara.

Este evento desmanteló un naciente foco guerrillero que pretendía continentalizar la insurrección armada y representó una victoria estratégica y psicológica monumental para los intereses estadounidenses en plena Guerra Fría.

Guerra del Fútbol (1969): Ante el estallido de un conflicto fronterizo convencional entre El Salvador y Honduras, que amenazaba con desestabilizar por completo el istmo centroamericano, el USSOUTHCOM actuó como mecanismo estabilizador, facilitando el despliegue logístico y las comunicaciones de los observadores internacionales encargados de imponer y verificar un cese al fuego.

Pese a estos aparentes triunfos tácticos en el control del hemisferio, el trauma político y presupuestario derivado del colapso de la intervención estadounidense en la Guerra de Vietnam generó una fuerte reacción adversa dentro del Pentágono.

A principios de la década de 1970, el afán de recortar gastos y reducir la presencia expedicionaria llevó al secretario de Defensa a someter al USSOUTHCOM a un escrutinio existencial, recomendando formalmente su completa disolución.

Esta propuesta burocrática habría subsumido sus funciones en otros comandos, pero fue vetada directamente por el presidente Richard M. Nixon en julio de 1971. La propuesta de desmantelamiento resurgió en 1974 impulsada por el Estado Mayor Conjunto, nuevamente con la justificación de achicar la inmensa huella militar exterior.

El entonces presidente Gerald R. Ford se negó a ejecutar la eliminación del comando, fundamentando su decisión en la necesidad de preservar el equilibrio político durante las delicadas negociaciones que se llevaban a cabo para reestructurar la propiedad de la vía interoceánica.

Como concesión presupuestaria, el secretario de Defensa cercenó significativamente la cantidad de recursos asignados al USSOUTHCOM, redujo sus responsabilidades geográficas operativas y degradó temporalmente la jerarquía requerida para el cargo de comandante, retornándolo al rango de teniente General.

El desenlace de las intrincadas relaciones diplomáticas llegó el 7 de septiembre de 1977 en Washington D.C., con la rúbrica de los Tratados Torrijos-Carter. El presidente estadounidense Jimmy Carter y el jefe de gobierno panameño, el general Omar Torrijos, firmaron los documentos legales mediante los cuales Estados Unidos se comprometía incondicionalmente a transferir la totalidad de la jurisdicción territorial del canal, junto con las vastas bases adyacentes, a manos panameñas a más tardar el 31 de diciembre de 1999.

Como oficial de mayor antigüedad en la Zona del Canal durante aquel ciclo (1975-1979), el Comandante del Comando Sur, teniente general Dennis P. McAuliffe, desempeñó un rol crítico como ancla institucional, facilitando la viabilidad técnica militar del traspaso y asegurando acuerdos de defensa conjunta que sostendrían la seguridad del canal en el incipiente siglo XXI.

Ningún análisis de la evolución doctrinaria y el legado político del Comando Sur estaría completo sin abordar exhaustivamente la historia de la Escuela de las Américas (School of the Americas, SOA).

La profundidad de su influencia ideológica y los abrumadores abusos a los derechos humanos cometidos por sus graduados han moldeado indeleblemente la percepción civil-militar de los Estados Unidos en América Latina.

La institución fue concebida en 1946 bajo el nombre inicial de "Escuela Terrestre Latinoamericana" y posteriormente rebautizada como Escuela de las Américas del Ejército de los EE. UU. en 1963.

Ubicada inicialmente en las proximidades de Fuerte Amador y operando durante décadas desde la robusta infraestructura de Fort Gulick (cerca de Colón, en la Zona del Canal), la escuela funcionó como el eje intelectual y táctico de la política hemisférica de Washington.

Desde su fundación hasta su transición en el año 2000, un asombroso volumen de entre 45.000 y 60.000 oficiales militares, cadetes y personal de fuerzas de seguridad interna de todo el continente latinoamericano fueron educados en sus aulas.Durante la temprana Guerra Fría, la currícula exhibía una orientación puramente bélica convencional, capacitando a los oficiales aliados en artillería, logística, reparación de radios y tácticas de infantería para repeler ataques militares externos.

No obstante, con la cristalización del bloque socialista en Cuba, la administración de Kennedy instruyó un cambio de paradigma radical: la escuela adoptó de lleno la Doctrina de Seguridad Nacional.

Esta tesis estratégica subvertía los preceptos de la defensa tradicional al postular que el Estado enfrentaba su amenaza más letal no en potencias extranjeras, sino en la subversión ideológica interna originada en la sociedad civil.

Bajo la égida de esta doctrina, el currículo de la SOA impartido en idioma español se saturó de materias como "Defensa Interna", "Guerra Revolucionaria" e "Ideología Comunista". Las clases expandieron las misiones militares hacia el espionaje, la guerra psicológica, el control de disturbios civiles y la contrainteligencia.

En términos prácticos, esta conceptualización desdibujó irrevocablemente las líneas que separaban al combatiente armado del ciudadano disidente. Estudiantes universitarios, sindicalistas, líderes indígenas, activistas de derechos humanos y sacerdotes progresistas fueron reclasificados operacionalmente como enemigos subversivos del Estado.

Los costos humanos de segundo y tercer orden derivados de este entrenamiento fueron catastróficos. De acuerdo con múltiples comisiones de la verdad patrocinadas por la ONU en Guatemala, El Salvador y países del Cono Sur, y respaldadas posteriormente por la desclasificación forzada de documentos del Pentágono en 1996, la SOA distribuyó manuales de adiestramiento profundamente siniestros, tales como el infame manual "Interrogación" y folletos sobre coerción e infiltración.

Estos materiales legitimaban tácitamente, y en muchos pasajes recomendaban explícitamente, tácticas extremas de guerra psicológica y métodos de extorsión para obtener inteligencia de "fuentes", abarcando desde la privación del sueño y el confinamiento en aislamiento hasta amenazas directas y humillación.

Se introdujo formalmente el concepto de desaparición forzada como una táctica burocrática de terror de estado. La galería de exalumnos de la SOA ilustra trágicamente esta dinámica.

Manuel Antonio Callejas y Callejas de Guatemala, el general Roberto D'Aubuisson de El Salvador (arquitecto de los escuadrones de la muerte y presunto autor intelectual del asesinato de monseñor Óscar Romero), el general golpista boliviano Hugo Banzer Suárez, y el narco-dictador panameño Manuel Noriega, recibieron entrenamiento directo en estas instalaciones bajo la supervisión de personal militar adscrito al Comando Sur.

La complicidad táctica y el flagrante silencio diplomático de Washington frente a las atrocidades en el hemisferio quedaron inexorablemente patentes en el caso del Batallón 316 de Honduras.

En 1980, el coronel hondureño Gustavo Álvarez, promotor del "modelo argentino" de eliminación sistemática de opositores, fue designado jefe de la policía.

Para 1982, Álvarez había ascendido a comandante en jefe de las fuerzas armadas y oficializado la existencia del Batallón 316, un escuadrón secreto de inteligencia militar responsable de secuestros, torturas utilizando cucarachas y choques de temperatura extrema, y ejecuciones extrajudiciales, todo bajo el adiestramiento indirecto y la financiación de la CIA.

Testimonios posteriores revelan que el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, Jack Binns, remitió repetidos cables al Departamento de Estado informando alarmado sobre estas masacres en 1981.

La respuesta institucional de Washington, subsumida en el celo anticomunista, fue ordenarle a Binns que cesara de enviar informes de derechos humanos.

Asimismo, los mandos de las fuerzas armadas del Cono Sur aprovecharon el tejido de relaciones interpersonales cultivado en la SOA y en el sistema de defensa interamericano para estructurar la Operación Cóndor en la década de 1970, un consorcio de dictaduras sudamericanas que coordinó el asesinato transnacional de exiliados políticos, con pleno conocimiento de los elementos de inteligencia operando en el entorno del Comando Sur.

La condena sostenida de organizaciones civiles, lideradas por el movimiento SOA Watch fundado tras la masacre de monjas estadounidenses en El Salvador, obligó al ejército a expulsar la escuela de Panamá en 1984 y reubicarla en Fort Benning, Georgia.

Finalmente, tras presiones del Congreso en un intento por sanear su tóxico legado de relaciones públicas, fue clausurada formalmente para dar paso en 2001 al Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), una entidad que incorpora mandatos estatutarios para impartir cátedras obligatorias de derechos humanos y subordinación democrática civil.

El declive en la importancia estratégica del Comando Sur durante la década de 1970 se revirtió drásticamente con la asunción del presidente Ronald W. Reagan en 1981.

Confrontado con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y encarnizadas guerras civiles de guerrillas en El Salvador y Guatemala, la administración de Reagan inyectó un inmenso flujo de capital, armas e instructores militares para reactivar el flanco centroamericano de la Guerra Fría.

Como respuesta a estas nuevas contingencias orgánicas, el Estado Mayor Conjunto ordenó en 1983 la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta 11 (posteriormente renombrada de manera permanente como Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo o JTF-Bravo), estacionada en la base hondureña de Soto Cano para garantizar la proyección rápida de fuerzas y soporte logístico de EE. UU. en el corazón del istmo.

En paralelo al esfuerzo contrainsurgente, la década de 1980 marcó una mutación fundamental en la esencia de la misión de USSOUTHCOM: la militarización de la interdicción de estupefacientes. En 1983, el Comando Sur comenzó a involucrarse paulatinamente en el combate a las redes criminales transnacionales que inundaban las ciudades estadounidenses con cocaína sudamericana.

Esta incipiente actividad se cimentó institucionalmente en 1989, cuando la administración del presidente George H. W. Bush instruyó explícitamente a las fuerzas armadas de Estados Unidos para que lideraran la misión de detectar y monitorear todos los envíos ilícitos aéreos y marítimos dirigidos a territorio estadounidense.

La fusión de las directrices diplomáticas coercitivas y la lucha antinarcóticos alcanzó su cenit apocalíptico en diciembre de 1989, cuando Estados Unidos lanzó la Operación Causa Justa (Operation Just Cause).

La misión: emplear una fuerza bélica abrumadora para deponer al hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Noriega, acusado formalmente de masivo tráfico de drogas e infiltrado como agente doble de la CIA durante años, el dictador panameño y exalumno de la SOA se había convertido en un lastre insoportable para Washington.

Bajo el mando estricto del general del USSOUTHCOM Maxwell R. Thurman, la operación requirió un despliegue masivo y altamente coordinado. Debido a que el cuartel general de Comando Sur residía en Quarry Heights —a escasas 600 yardas colina arriba de la Comandancia de las Fuerzas de Defensa de Panamá (PDF)— las líneas del frente estaban intrínsecamente entrelazadas.

Paracaidistas, Rangers y unidades mecanizadas despegaron de bases estadounidenses (Fort Benning) y posiciones atrincheradas dentro del Canal (Fort Clayton y Base Aérea Howard), realizando lanzamientos nocturnos precisos sobre aeródromos estratégicos como Río Hato y Tocumen.

La superioridad total desmanteló a las PDF en horas, culminando con el asilo temporal y la posterior rendición incondicional de Noriega.

La Operación Causa Justa estabilizó temporalmente a Panamá, pero la cuenta regresiva estipulada por los Tratados Torrijos-Carter avanzaba ineludiblemente.

En acatamiento a los pactos de 1977, el Departamento de Defensa ejecutó una descomunal operación de logística inversa para evacuar a las fuerzas estadounidenses de la docena de vastas instalaciones que operaban en la antigua Zona del Canal, una presencia que llegó a albergar a más de 10.300 miembros de las fuerzas armadas regulares, unidades de fuerzas especiales y miles de civiles.

En el año 1997, el cuartel general del Comando Sur se trasladó definitivamente, abandonando la estratégica colina de Quarry Heights para asentarse en el edificio Maxwell R. Thurman ubicado en Doral, un floreciente enclave suburbano metropolitano en Miami, Florida.

Esta reubicación representó mucho más que un cambio de latitud. Simbolizó una profunda transición doctrinal: el Comando Sur transmutó de un modelo operacional centrado en fuerzas de ocupación permanente en el extranjero (forward presence) hacia un marco logístico de proyección de capacidades desde el territorio continental (CONUS).

Este nuevo modelo requería una arquitectura diplomática mucho más ágil, estructurada en torno a Localidades de Seguridad Cooperativa (bases semitemporales subarrendadas en países socios como El Salvador y Curazao) y maniobras de entrenamiento expeditivas. Algunos congresistas estadounidenses advirtieron durante audiencias formales que, a pesar del cumplimiento de los tratados, los intereses de seguridad nacional de Washington en la región no se encogían con el traslado geográfico del comando.