El camino hacia la reelección: el andamiaje legal de Nayib Bukele

Nayib Bukele no tiene rivales. Su partido, Nuevas Ideas, acaba de ungirlo como candidato único para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de febrero. En un país donde la reelección inmediata estuvo históricamente prohibida, el mandatario logró lo impensable: reescribir las reglas del juego a su favor, respaldado por una abrumadora popularidad cimentada en la política de mano dura contra las pandillas.

La transformación política de El Salvador avanza rápido. Nayib Bukele, respaldado por niveles de aprobación que superan el 85%, ha dejado claro que su proyecto va para largo. La oficialización de su candidatura para un nuevo periodo de seis años marca un punto de inflexión. Atrás quedaron las leyes que impedían a un presidente perpetuarse en el poder; hoy, el escenario está diseñado a su entera medida.

Para comprender cómo llegamos a este punto, hay que mirar las piezas del tablero que el oficialismo movió con precisión quirúrgica durante los últimos años.

La Historia

La Constitución salvadoreña era clara: un presidente no podía reelegirse de forma consecutiva. La primera barrera cayó en 2024, cuando la Sala de lo Constitucional —integrada por jueces afines al gobierno— avaló su primera postulación mediante una controvertida reinterpretación jurídica.

El golpe definitivo llegó en julio de 2025. Aprovechando su control absoluto en el Congreso, el partido Nuevas Ideas abolió el límite de los dos mandatos consecutivos y legalizó la reelección indefinida. Los legisladores fueron un paso más allá: extendieron el periodo presidencial de cinco a seis años y borraron del mapa la segunda vuelta electoral.

Para que los tiempos cuadraran de forma perfecta, el actual mandato de Bukele sufrirá un recorte técnico de dos años, terminando en 2027. Esto sincronizará las elecciones presidenciales con los comicios locales. La oposición, acorralada y reducida a su mínima expresión en el pleno, calificó estos movimientos como la muerte del sistema democrático.

La moneda de cambio: seguridad total

El motor que impulsa la maquinaria política del oficialismo es innegable: la gente se siente segura. Desde la imposición del régimen de excepción en 2022, el Ejecutivo desarticuló a las pandillas que aterrorizaban al país, principalmente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Los índices de criminalidad cayeron a mínimos históricos y la vida en las calles cambió de forma radical.

Pero esta tranquilidad tiene un costo visible. Mientras la estrategia de seguridad brilla, la economía interna y las instituciones crujen. Miguel Hernández, un transportista de 35 años, resume el dilema al que se enfrentan muchos ciudadanos: "Aunque ha habido un avance en la seguridad, no es bueno para la democracia que Bukele vaya nuevamente como candidato. También nos pega el aumento del costo de vida".

Sin oposición

Hoy, enfrentar a Bukele en las urnas parece una misión imposible. El ecosistema político salvadoreño se quedó sin figuras que le hagan sombra. En 2019, el actual presidente destrozó tres décadas de bipartidismo tradicional capitalizando el voto joven y el hartazgo hacia partidos históricos como ARENA y el FMLN.

Ahora, con su vicepresidente Félix Ulloa repitiendo en la fórmula, Bukele cuenta con el control de la Asamblea Legislativa, la fiscalía, el sistema judicial y el resto de los órganos estatales. Sus rivales políticos están profundamente fragmentados y carecen del peso necesario para articular una candidatura que ofrezca competencia real.

Desde afuera

Fiel a su estilo irónico y a su manejo impecable de las plataformas digitales, Bukele abrazó las críticas y llegó a autodenominarse el "dictador cool". Su modelo de seguridad se convirtió en un producto de exportación ideológica, admirado y replicado por distintas corrientes de derecha en América, y respaldado por su estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump.

A pesar de esa proyección exterior, las luces de alarma de la comunidad internacional siguen encendidas. En 2025, la reputación del gobierno sufrió un fuerte golpe tras mantener incomunicados durante cuatro meses a 252 ciudadanos venezolanos deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Al ser liberados, los detenidos denunciaron abusos graves y torturas sistemáticas.

Las presiones también ocurren en casa. Activistas y defensores de derechos humanos, como la abogada Ruth López, han enfrentado detenciones tras investigar la corrupción en el Estado. Organizaciones clave de la sociedad civil, como Cristosal y Socorro Jurídico, se vieron obligadas a operar desde el exilio. Mientras tanto, entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen que el régimen de excepción dejó de ser una medida de emergencia para transformarse en una herramienta punitiva que silencia a la disidencia.