El Gobierno levanta la suspensión general al porte de armas en Colombia
La directriz presidencial entra en vigor este 9 de septiembre, no autoriza la venta libre y excluye licencias vencidas o con restricciones judiciales.
El Gobierno Nacional levantó la suspensión general que restringía el porte de armas de fuego en el territorio colombiano, una decisión orientada a restituir la legítima defensa de los ciudadanos que cuentan con permisos autorizados frente al accionar de las bandas delictivas.
La medida, comunicada por el mandatario Abelardo de la Espriella, reactiva las autorizaciones individuales ya otorgadas bajo control de las fuerzas militares, descartando de plano una apertura indiscriminada al mercado armamentístico o la comercialización desregulada para la población.
El sustento oficial plantea que el desarme preventivo de la sociedad civil terminó por dejar desprotegida a la comunidad ante estructuras armadas ilegales. De acuerdo con el Ejecutivo, la seguridad colectiva demanda balancear las condiciones de defensa de las personas que operan dentro de la legalidad institucional.
A partir de este miércoles 9 de septiembre entra en vigor el decreto que instruye a las fuerzas armadas a reconocer la eficacia de las licencias activas en todo el territorio. Sin embargo, el filtro legal se mantiene estricto: la disposición deja por fuera cualquier documento vencido, suspendido o revocado de forma previa, así como aquellos casos donde existan prohibiciones expresas emitidas por autoridades judiciales.
En paralelo con la reactivación administrativa de las licencias, el reporte oficial da cuenta de más de 15.700 armas incautadas entre enero y septiembre de este año. Estos operativos de decomiso apuntaron principalmente a redes criminales asociadas a disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN, focos donde el Estado mantendrá la ofensiva de requisa e intervención armada.
Saber qué cambia en la norma evita incurrir en delitos por porte no autorizado: salir a la calle con armamento sin el salvoconducto al día acarrea detenciones inmediatas e investigaciones de la Fiscalía. Para el ciudadano común, la entrada en vigencia del decreto exige revisar las fechas de vencimiento de las autorizaciones vigentes y entender que el control policial y militar continúa en vías urbanas y rurales.