El reto de los tribunales es entender las leyes de los pueblos originarios

Aunque la gran mayoría de quienes habitamos América Latina vivimos en países democráticos, la balanza de los tribunales sigue inclinada. Las comunidades indígenas y afromexicanas chocan de frente con un muro de racismo, lejanía y barreras de idioma cuando intentan defender sus derechos. Frente a este panorama, Naciones Unidas lanza una advertencia clara: para tener un estado de derecho real, México debe dejar de ver las leyes comunitarias como un sistema de segunda categoría.

Durante un encuentro organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Silvia Morimoto, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), puso el dedo en la llaga. Fue directa al pedir que borremos la idea de que los sistemas normativos internos de los pueblos originarios son inferiores a la ley dictada por el Estado.

La realidad que enfrentan estas comunidades es desgastante. El PNUD tiene claro que la discriminación, la obligación de viajar horas para llegar a un juzgado, no hablar español como primera lengua y lidiar con instituciones rígidas son barreras que mantienen viva la desigualdad. Morimoto propone mirar hacia el "pluralismo jurídico"; es decir, aceptar que distintas formas de impartir justicia pueden convivir bajo un mismo cielo. Esta convivencia, respaldada por el derecho histórico a la libre determinación, no debilita al país, sino que le da cohesión y legitimidad a las leyes comunitarias.

Desde la trinchera del Tribunal Electoral, el magistrado presidente Gilberto Bátiz García respalda esta visión. Para él, hablar de acceso a la justicia es hablar de juzgadores que realmente entiendan cómo piensan, hablan y resuelven sus conflictos las comunidades. Bátiz alertó sobre un riesgo constante: las elecciones convencionales muchas veces irrumpen y alteran la vida de las asambleas tradicionales. Por eso, exige a los jueces que se pongan los lentes de la interculturalidad y apliquen la Constitución con total firmeza y respeto a estas dinámicas.

Pero, ¿Cómo te afecta todo esto si vives en una gran ciudad y nunca has estado en una asamblea comunitaria? Entender y validar la justicia indígena no es solo un asunto de derechos humanos para un sector específico; es el cimiento de la tranquilidad del país entero. Cuando millones de personas no encuentran respuestas justas a sus problemas cotidianos, la democracia falla y el tejido social se rompe, afectándonos a todos. Reconocer sus métodos de resolución de conflictos ayuda a despresurizar un sistema judicial nacional que suele estar colapsado y nos demuestra que, en el día a día, la justicia no necesita usar toga y birrete para ser válida, rápida y efectiva.