España frena el voto a nacionalizados por la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo de España ratificó la suspensión cautelar del derecho a votar en las elecciones del 29 de noviembre a 163 mil 020 personas nacionalizadas bajo la Ley de Memoria Democrática. La resolución judicial responde a recursos de los partidos Vox e Iustitia Europa e impacta a descendientes en México, quinta sede consular con más trámites.

El Tribunal Supremo de España volvió a cerrar el acceso al sufragio activo para decenas de miles de personas nacidas en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática de 2022. Mediante un auto judicial hecho público el lunes 12 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirmó la suspensión provisional que había impuesto meses atrás, respondiendo a las impugnaciones promovidas por los partidos políticos Vox e Iustitia Europa.

La resolución argumenta fallas procesales en la integración del padrón exterior por parte de las autoridades consulares:

Debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de quienes figuran inscritos en aquel Censo respecto a los cuales la Administración no ha aclarado las condiciones en que se realizó aquella inscripción y la trazabilidad de su acceso al Registro Consular correspondiente.

Con este criterio, la autoridad judicial deja en el limbo electoral a 163 mil 020 ciudadanos incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara a los comicios convocados en España para el 29 de noviembre.

El impacto directo en los expedientes tramitados en México

La determinación judicial alcanza de forma directa a la comunidad de hispanomexicanos. De acuerdo con estadísticas publicadas en abril por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, el Consulado General de España en México es la quinta demarcación en el mundo con mayor volumen de gestiones por esta legislación, al superar las 100 mil solicitudes ingresadas.

El mayor número de registros globales se concentra en la red consular de Argentina. Pese a estas cifras globales, la propia resolución judicial reconoce la imposibilidad de delimitar exactamente cuántos de los 163 mil 020 expedientes impugnados corresponden de manera específica a ciudadanos residentes en territorio mexicano.

¿Quiénes sí podrán votar en las próximas elecciones?

La controversia se origina en la instrumentación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida popularmente como Ley de Nietos. Dicha legislación permitió obtener la nacionalidad española a los descendientes de quienes sufrieron persecución o exilio durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.

Posteriormente, una instrucción reglamentaria eximió de la carga de la prueba a quienes demostraran que su ascendiente emigró de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, asumiendo su condición de exiliado sin necesidad de justificar documentalmente la persecución individual.

El Tribunal Supremo estableció que la suspensión cautelar no elimina de facto a la totalidad de los solicitantes. Aquellas personas que sí hayan aportado al expediente consular documentación probatoria fehaciente sobre el exilio forzoso o la persecución de sus familiares conservan plenamente su derecho a emitir el voto el 29 de noviembre.

Las organizaciones civiles han expresado su rechazo a la medida. Estela Marina Pérez Cabrera, presidenta de la Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (Adem), personada en el proceso como parte interesada, señaló ante la prensa:

Esto es muy complejo, tenemos a una comunidad que son españoles pero a los que se prohíbe votar. Es como una dictadura.

Pérez Cabrera añadió que el dictamen judicial coloca en indefensión a las personas que ya contaban con una resolución favorable. Por su parte, Tania Sánchez Juárez Zugazagotia, residente en Austria y nieta de Julián Zugazagoitia Mendieta —ministro republicano entregado por la Gestapo y fusilado por el franquismo—, recuperó su condición en 2008 con la previa Ley de Memoria Histórica y conserva su voto, aunque subrayó que una gran proporción de los beneficiarios en países como México no acude a las urnas.

Qué sigue

• Plazo de alegaciones: Los 163 mil 020 ciudadanos que figuran bajo suspensión cautelar disponen de un periodo de cinco días hábiles para interponer recursos y alegaciones individuales sobre su inscripción censal, trámite para el cual la Abogacía del Estado advirtió limitaciones operativas.

• Recurso constitucional: El gobierno de España prevé presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la resolución de la sala del Tribunal Supremo.

• Comicios generales: Las elecciones están calendarizadas para el 29 de noviembre, fecha límite que condiciona la restitución de los derechos de sufragio exterior para quienes mantengan su caso en litigio.

Firma Editorial: Elías Catalan

Periodista y analista en InfoBullet México. Ver perfil editorial y más artículos →