EU cancela visas a jueces y figuras de poder en cuatro países
El Departamento de Estado bloquea la entrada al país a funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú bajo la alianza Escudo de las Américas.
La política exterior de la Casa Blanca hacia Sudamérica elevó el tono y activó medidas disciplinarias directas. El Departamento de Estado anunció la cancelación masiva de visas para magistrados, mandos policiales, legisladores y hombres de negocios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusándolos de incurrir en actos de corrupción, complicidad con el narcotráfico y maniobras para socavar la estabilidad democrática regional.
Las restricciones migratorias alcanzan a los sancionados y a sus núcleos familiares directos, cerrando el paso hacia territorio estadounidense. Entre los perfiles bajo la mira destaca el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien las autoridades norteamericanas señalan de recibir pagos ilícitos del crimen organizado para frenar procesos judiciales. La lista incluye además a magistrados de la Corte Suprema y mandos policiales bolivianos, una senadora y un empresario colombianos, y un juez del primer juzgado constitucional de Lima.
La maniobra responde a los acuerdos suscritos en la alianza multilateral Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump en marzo con la adhesión de quince gobiernos del hemisferio. Durante encuentros celebrados la semana pasada en el marco de la Asamblea General de la ONU, los líderes del bloque acordaron ejecutar acciones colectivas contra redes de financiamiento ilegal e intromisión institucional en la región.
El momento político de los países involucrados contextualiza el endurecimiento de Washington. Bolivia enfrenta un estado de excepción vigente tras semanas de intensas protestas sociales; Colombia acaba de definir su presidencia con el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella frente a la oposición de izquierda; Ecuador mantiene un conflicto interno contra bandas criminales con respaldo militar de Estados Unidos, y Perú navega bajo la administración de una mandataria conservadora tras comicios reñidos.
Conocer el impacto de estas sanciones permite entender cómo la justicia internacional y la geopolítica estadounidense condicionan a las élites que administran los tribunales, aprueban leyes o dirigen empresas en América Latina. Cuando un juez o un fiscal pierde su visado por nexos con el narcotráfico, se abre una ventana para que la ciudadanía exija rendición de cuentas en sus propios tribunales locales y vigile de cerca la integridad de quienes toman decisiones públicas a diario.