Fin a la prórroga de permisos de trabajo afectará a migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) oficializó la eliminación de la extensión automática de hasta 540 días para renovar permisos de trabajo. La medida obligará a miles de migrantes y solicitantes de regularización a suspender sus actividades laborales si su credencial física expira antes de que la autoridad migratoria emita una resolución definitiva.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) convirtió en definitiva la disposición regulatoria que suprime el periodo de gracia de hasta 540 días para la renovación de permisos de trabajo. Con esta determinación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) retira el amparo que autorizaba a los solicitantes a seguir laborando legalmente mientras su expediente continuaba en trámite.

A partir de esta modificación, ingresar la solicitud antes de que la tarjeta de autorización venza ya no facultará la continuidad laboral. Si el documento pierde vigencia sin que USCIS apruebe formalmente la extensión, la persona afectada tendrá la obligación legal de interrumpir su empleo de manera inmediata hasta obtener el documento formal.

Los grupos expuestos ante la decisión de USCIS

La disposición impacta directamente a trámites presentados a partir del 30 de octubre de 2025. Cuatro sectores concentran los principales efectos:

• Peticionarios de asilo: personas con procedimientos abiertos ante los tribunales migratorios o la agencia de asilo que requieren sustento económico regular.

• Cónyuges con visa H-4: dependientes directos de profesionistas especializados titulares del visado H-1B con derecho a trabajar bajo requisitos específicos.

• Aspirantes a residencia permanente: extranjeros en espera del ajuste de estatus para acceder a la tarjeta de residencia (Green Card).

• Procesos de cancelación de deportación: solicitantes cuyos expedientes se dirimen en litigios de permanencia ante cortes migratorias.

El retiro del mecanismo de gracia refleja un endurecimiento operativo de la política migratoria estadounidense. Al suprimir el amortiguador administrativo de los 540 días, la administración traslada el costo del rezago procesal de USCIS al propio trabajador y a los empleadores que dependen de esta mano de obra calificada y operativa.

Para el sistema económico estadounidense, suspender a empleados por demoras institucionales interrumpe contratos, frena recaudación tributaria y presiona a los solicitantes a la precariedad. Lejos de resolver el estatus de fondo de quienes ya cuentan con un expediente abierto, la medida introduce una traba procesal que expone a miles a la pérdida repentina de ingresos por causas enteramente ajenas a su conducta.

Las excepciones al criterio general

Las solicitudes de renovación presentadas formalmente antes del 30 de octubre de 2025 conservan el beneficio de la extensión de hasta 540 días, siempre que los titulares cumplan los requisitos normativos.

Asimismo, los refugiados con estatus reconocido quedan exentos de la suspensión, pues su derecho al empleo deriva de su condición jurídica y no de la posesión de una tarjeta plástica vigente. Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) preservan garantías específicas según las notificaciones oficiales emitidas para sus designaciones.