Frenan en tribunales de EE. UU. los límites a visados y 'green cards'
Un juez de Boston detiene los topes temporales para visas académicas y de prensa, mientras 22 estados demandan para proteger el acceso a la residencia permanente.
La ofensiva migratoria de la administración Donald Trump encajó dos reveses judiciales simultáneos: un tribunal federal congeló la norma que fijaba límites estrictos a visas de estudiantes y periodistas, mientras una coalición estatal recurrió para frenar el endurecimiento de la regla de "carga pública".
La estrategia migratoria de la Casa Blanca encontró un muro en los tribunales federales. A pocas horas de que entrara en vigor un paquete de restricciones clave sobre visados de no inmigrante, el juez de distrito F. Dennis Saylor IV, con sede en Boston, emitió una orden judicial que paralizó la medida promovida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El plan oficial pretendía eliminar el estatus de duración por estudio o trabajo y fijar plazos rígidos: un máximo de cuatro años para las visas F (estudiantes) y J (intercambios culturales), y apenas 240 días para las visas I asignadas a corresponsales extranjeros. Saylor desestimó el argumento de seguridad nacional presentado por el gobierno al calificarlo de "excepcionalmente débil" y alertó de un impacto "catastrófico" para la economía y la educación superior, sectores donde participan más de 2,1 millones de personas bajo estas categorías.
El segundo frente legal estalló en los juzgados federales de Manhattan. Una alianza integrada por 22 estados —encabezada por Nueva York, California e Illinois—, el Distrito de Columbia y seis gobiernos locales presentó dos demandas para frenar la reactivación de la regla de "carga pública".
Esta normativa busca denegar la residencia permanente (green card) a quienes utilicen legalmente programas de asistencia pública no monetarios, tales como cupones de alimentos o Medicaid, e incluso amplía la vigilancia hacia los beneficios recibidos por familiares de los peticionarios. El estándar revierte las directrices previas que limitaban la evaluación únicamente a subsidios en efectivo directos.
Los estados demandantes alegan que el DHS incurrió en una extralimitación de funciones al saltarse al Congreso, único órgano facultado para legislar sobre requisitos de admisibilidad migratoria. Representantes del DHS defendieron la política acusando a las autoridades estatales de intentar retener fondos federales, mientras que mandatarios locales advierten que la regla empuja a familias vulnerables a renunciar a servicios básicos de salud y nutrición por temor a represalias en sus trámites.
Para la comunidad extranjera y los solicitantes de residencia, la intervención judicial congela de momento la incertidumbre inmediata: los titulares de visas F, J e I conservan los plazos habituales de permanencia y las solicitudes de green card no deben verse penalizadas hoy por el acceso legal a Medicaid o apoyo alimentario. No obstante, al tratarse de medidas cautelares y demandas en curso, los especialistas recomiendan revisar la vigencia de los documentos migratorios y consultar asesoría legal acreditada antes de suspender beneficios sociales o realizar viajes internacionales.