Freno a la Ley de Bienestar Animal, resultado del choque entre Morena y Partido Verde.

A finales de 2024, la reforma a la Constitución prometió un avance histórico para garantizar un trato digno a los animales en México. Sin embargo, en los pasillos del Congreso, la realidad es otra. La falta de voluntad política y la enorme presión de las grandes industrias alimentarias tienen completamente congelada la ley secundaria que haría realidad esta protección.

El avance de la Ley General de Bienestar y Cuidado Animal está detenido por una clara falta de acuerdos, particularmente entre las bancadas de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). De acuerdo con la organización civil Igualdad Animal, aunque ya existen iniciativas y predictámenes listos en las comisiones de Medio Ambiente tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, no hay una ruta de trabajo ni voluntad para llevar el tema al pleno.

Dulce Ramírez, directora de la organización, advierte que las bancadas no han asumido el compromiso real de destrabar el proceso. A esto se suma que el Poder Ejecutivo, a través de la Semarnat y la Consejería Jurídica de la Presidencia, sigue sin enviar una propuesta formal para acelerar el debate.

El verdadero núcleo del conflicto radica en los animales destinados al consumo humano. La reforma busca que la ley secundaria regule estrictamente las condiciones de crianza, transporte y matanza. Como era de esperarse, esto desató la oposición frontal de agrupaciones como la Unión Nacional de Avicultores (UNA) y la Federación Canófila Mexicana. Incluso ciertos sectores académicos han presionado para evitar regulaciones más duras sobre la experimentación quirúrgica y la vivisección.

Frente a este escenario de puertas cerradas en el Congreso, los activistas están cambiando de estrategia. Igualdad Animal anunció que buscará instalar mesas de trabajo directas con la Secretaría de Gobernación (Segob) y reactivará la presión a través de campañas ciudadanas masivas.

El objetivo de esta ley no es invadir la autonomía de los estados, sino homologar un piso mínimo de normativas en todo el país. Se trata de crear reglas operativas básicas para que el trato digno a los animales no dependa del estado en el que vivan, sino que sea un estándar nacional.

Las leyes a medias terminan siendo promesas vacías. Cuando la Constitución prohíbe el maltrato pero no existen leyes secundarias que dicten cómo castigarlo, las autoridades locales se quedan sin herramientas legales para actuar ante denuncias vecinales o casos de crueldad extrema. Entender este freno legislativo te permite exigir cuentas claras a tus representantes, recordando que una sociedad empática y justa con los animales refleja directamente los niveles de violencia que estamos dispuestos a tolerar en nuestro propio entorno.

Firma Editorial: Miriam Armas

Periodista y analista en InfoBullet México. Ver perfil editorial y más artículos →