Gobernación sienta a los 32 estados a diseñar una cultura de paz nacional
El encuentro reunió a la Fiscalía General, la ONU y universidades en seis mesas de trabajo enfocadas en la atención a las causas y la reconstrucción comunitaria.
Servidores públicos, especialistas de la sociedad civil y académicos de las 32 entidades del país formalizaron el primer diálogo nacional por una cultura de paz convocado por la Secretaría de Gobernación. La mesa de concertación federal trazó líneas prioritarias para atacar las raíces de la violencia, fortalecer la protección de los derechos humanos y articular estrategias directas de intervención en los municipios con mayor desgaste social.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, encabezó los trabajos señalando que la tranquilidad comunitaria es la condición básica indispensable para que las familias mexicanas puedan desarrollar sus proyectos de vida con dignidad, libertad y certidumbre. El funcionario planteó que la seguridad ciudadana requiere trascender el enfoque policial tradicional para afianzar esquemas de acompañamiento institucional donde la garantía de derechos sea el eje rector.
La jornada de trabajo se dividió en seis mesas temáticas con la intervención de perfiles de procuración de justicia, organismos internacionales y centros de estudio superior. Entre los participantes destacaron la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González; y la coordinadora de Gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Arantza Llaguno.
Al debate se sumaron visiones académicas y de profesionalización policial representadas por José Luis Belmont, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM; Fernando Díaz, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Mayra Hernández, directiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Elsie Pérez, del Claustro de Sor Juana. Las discusiones abordaron la prevención focalizada, la mediación vecinal y la certificación de competencias en gestión pacífica de conflictos para funcionarios locales.
Para las comunidades vecinales y los colectivos ciudadanos, estos acuerdos federales cobran utilidad práctica al abrir rutas para exigir que los presupuestos locales atiendan los factores que originan la inseguridad barrial. Aprender a canalizar conflictos vecinales mediante mediación comunitaria y acudir a las comisiones locales de derechos humanos antes de escalar a litigios penales permite resolver disputas de convivencia cotidiana, recuperar espacios públicos compartidos y blindar el entorno familiar sin depender únicamente de la presencia policial armada.