Gobierno construirá seis penales ante crisis de sobrepoblación
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destinará 18,480 espacios en seis entidades; 157 de los 275 reclusorios del país operan con sobrecupo.
El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios con capacidad para 18,480 personas en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit y Sonora. La medida busca contener la sobrepoblación carcelaria tras hechos de violencia en Sinaloa y el ingreso de más de 70,000 detenidos a nivel nacional.
El plan de infraestructura tras los hechos en Mazatlán
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, anunció este martes la construcción de seis nuevos centros de reclusión que sumarán 18,480 plazas en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Nayarit y Sonora. Las instalaciones contemplan infraestructura táctica, módulos divididos por perfil de riesgo, tecnología de inspección y sistemas para bloquear señales de telefonía celular, una vía utilizada para coordinar extorsiones desde los dormitorios penitenciarios.
El primer penal de este paquete se edificará en Sinaloa, entidad donde la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, había adelantado la gestión de obras tras un motín y una riña registrados con pocas horas de diferencia en el centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán. Esos hechos violentos dejaron un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas un menor de dos años que asistía a la visita. De acuerdo con el titular de la SSPC, este reclusorio sumará 2,640 lugares e incluirá personal de la policía estatal y la fiscalía local.
¿Cómo operarán los nuevos penales y quién los financiará?
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el financiamiento de estas obras se gestiona junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A diferencia de administraciones anteriores, los seis complejos no serán concesionados ni operados por empresas privadas. La administración quedará a cargo directo de la federación mediante la SSPC o de los gobiernos de los estados correspondientes.
La mandataria señaló que la captura de más de 70,000 personas durante su administración ha incrementado la presión sobre la capacidad penitenciaria nacional. La estrategia federal contempla además esquemas de reinserción social basados en educación, salud, deporte y capacitación laboral, junto con una revisión jurídica coordinada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para tramitar liberaciones tempranas en casos de bajo impacto, personas acusadas de robo menor o procesados que continúan sin recibir sentencia.
Radiografía del hacinamiento carcelario en México
De los 275 centros penitenciarios registrados en el país, 157 operan rebasados en su capacidad instalada, acumulando un excedente de casi 42,000 personas privadas de la libertad. De acuerdo con cifras gubernamentales, la sobrepoblación penitenciaria creció 15% en años recientes.
Pese a que la primera obra iniciará en Sinaloa, las estadísticas muestran que los 21 centros del Estado de México y los reclusorios de Nayarit presentan niveles de saturación cuantitativamente superiores a los del noroeste del país.
El debate frente a las advertencias de la CNDH y especialistas
Organizaciones civiles sostienen que levantar muros no resuelve las fallas estructurales del sistema penitenciario. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado mediante informes institucionales que el autogobierno y el control de internos sobre las instalaciones constituyen problemas extendidos, particularmente en cárceles administradas por los estados, donde la escasez de guardias y la falta de capacitación impiden contener a grupos delictivos.
Por su parte, José Luis Gutiérrez, director de la organización Así Legal, expuso que los intentos previos de despresurización carcelaria no alcanzaron las metas previstas, como ocurrió con la Ley de Amnistía impulsada durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador para adultos mayores, enfermos graves o personas con más de diez años en prisión preventiva por delitos leves. El especialista añadió que la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa aprobada en la actual gestión incrementa la población en reclusión, mientras que la separación de jueces de sus puestos para competir en la campaña de elecciones judiciales generó rezagos en las audiencias de liberación procesal en distintas entidades.