Golpe a estudiantes foráneos en EU: proponen tarifa de 70 mil dólares
El Departamento de Seguridad Nacional plantea un arancel inicial de 70.000 dólares y 30.000 más por prórroga para frenar las contrataciones posteriores a la graduación.
Graduarse en una universidad de Estados Unidos y ganar experiencia laboral en ese país podría volverse prácticamente prohibitivo: una nueva propuesta del gobierno estadounidense pretende imponer una tarifa de 70.000 dólares a las instituciones por cada estudiante internacional que solicite autorización de empleo posterior a sus estudios.
El camino para que miles de jóvenes extranjeros consigan empleo profesional en Estados Unidos tras concluir su carrera enfrenta su mayor barrera financiera hasta la fecha. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una iniciativa que exige a las universidades pagar una cuota de 70.000 dólares por cada alumno que ingrese al programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT). Quienes busquen una extensión laboral posterior deberán cubrir otros 30.000 dólares adicionales.
El programa OPT representa la vía más común para que los graduados con visa F-1 ejerzan legalmente en territorio estadounidense. La normativa actual autoriza un año de trabajo en puestos vinculados a la carrera cursada, periodo que se amplía hasta por dos años más para quienes completaron licenciaturas o posgrados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (áreas STEM).
Las autoridades migratorias justifican la medida alegando que el mecanismo actual se convirtió en un canal de mano de obra barata que desplaza al trabajador local y fomenta irregularidades en los visados. En contraste, gremios académicos como la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA) advierten que castigar este flujo debilita la investigación científica, vacía las aulas de posgrado y agrava la escasez de talento en la industria tecnológica.
El proyecto abre un periodo de consulta pública de 60 días antes de su posible publicación en el registro federal. Sin embargo, cámaras empresariales y consorcios universitarios preparan recursos en tribunales federales, recordando que la justicia ya frenó en el pasado intentos oficiales por limitar la estadía de estudiantes foráneos a un máximo de cuatro años.
Si planeas cursar estudios en la Unión Americana con la meta de financiar parte de tu inversión mediante prácticas profesionales, conviene seguir de cerca este trámite regulatorio. Aunque la ley impone formalmente el cobro a las instituciones educativas, existe el riesgo de que estas trasladen parte del arancel a las colegiaturas o que las compañías tecnológicas recorten de raíz sus programas de reclutamiento internacional.