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Harfuch confirma nexos de huachicol en decomiso de Guanajuato

La Fiscalía General de la República removió a su delegado en la entidad por retrasar dos semanas la notificación de un operativo conjunto con la policía estatal.

Por Tania Treviño · Publicado el 25 de septiembre de 2026
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El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato sí tiene vínculos con el robo de hidrocarburos, confirmó el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tras anunciar la remoción del delegado de la FGR en la entidad por irregularidades procesales durante la intervención.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tomó el control del expediente para esclarecer el origen del volumen masivo de hidrocarburo detectado en territorio guanajuatense. La atracción del caso responde a inconsistencias detectadas en la actuación inicial de la sede ministerial local, encabezada hasta hace unas horas por Juan Francisco Vera.

La destitución del funcionario federal derivó de un desfase de 15 días entre el despliegue del operativo y el informe oficial entregado a oficinas centrales. Las autoridades federales detectaron que el mando local difundió los resultados junto con corporaciones estatales antes de completar los protocolos de verificación técnica sobre el cargamento.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que las pesquisas comenzaron por el monitoreo de pipas que ingresaban y salían del inmueble sin documentación en regla, operativo en el que colaboró la policía estatal. Tras el reclamo y comprobantes presentados por los propietarios de las instalaciones a través de la FEMDO, peritos federales auditan facturas, pedimentos y permisos de las empresas involucradas para deslindar responsabilidades penales.

Frente a cuestionamientos de la prensa sobre una posible investigación contra el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez, o el secretario de seguridad del estado, Juan Mauro González, García Harfuch señaló que, con base en sus reportes actuales, las pesquisas se concentran exclusivamente en el personal ministerial destituido y en la trazabilidad del producto.

Conocer cómo se mueven estas investigaciones permite entender por qué las fallas o retrasos en la cadena de custodia no son solo trámites burocráticos: cuando una incautación carece de sustento legal sólido o encubre irregularidades oficiales, los procesos se caen en tribunales, el combustible robado sigue financiando al crimen organizado y el impacto directo termina en precios alterados, desabasto o adulteración de gasolinas en las estaciones de servicio que utilizas a diario.

Firma Editorial: Tania Treviño

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