INE frena fiscalización de actos previos para comicios de 2027
Con siete votos contra cuatro, el Consejo General desechó lineamientos para rastrear en tiempo real el dinero usado en giras, encuestas y redes sociales.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el miércoles 8 de octubre emitir lineamientos para fiscalizar de forma inmediata los gastos de aspirantes rumbo a las elecciones de 2027. La mayoría determinó que las leyes vigentes bastan para sancionar irregularidades, desechando una vigilancia preventiva sobre recursos en eventos, propaganda y redes sociales.
El Consejo General frena reglas de fiscalización preventiva
Por mayoría de siete votos contra cuatro, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no emitir lineamientos especiales para vigilar y fiscalizar los procesos políticos previos a las precampañas del proceso electoral federal 2026-2027.
La propuesta rechazada buscaba instaurar criterios institucionales para conocer en tiempo real el origen, monto y destino del dinero que actores políticos ejercen en concentraciones públicas, recorridos territoriales, encuestas y propaganda en plataformas digitales.
¿Por qué importa el momento en que se audita el dinero político?
La controversia de fondo radica en la oportunidad de la fiscalización. El consejero electoral Arturo Castillo Loza, impulsor del dictamen, señaló que pese a que el proceso electoral 2026-2027 inició formalmente el 10 de septiembre, diversos perfiles continúan desplegando recursos en el territorio nacional y en internet para construir candidaturas.
Castillo Loza argumentó que la iniciativa no pretendía catalogar dichas acciones como infracciones automáticas ni como actos anticipados de precampaña, sino garantizar la trazabilidad de los fondos:
"Lo que sostengo es que debemos contar con mecanismos para conocer su origen, monto, destino y aplicación y determinar oportunamente si se ajustan a la normativa electoral".
De acuerdo con la advertencia de Castillo Loza, al no existir un marco de revisión oportuna, las erogaciones terminarán clasificadas dentro del gasto ordinario de los partidos políticos. Bajo ese esquema habitual, las conclusiones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE se harían públicas hasta la segunda mitad de 2027, una vez consumados los comicios.
La consejera Carla Humphrey Jordán respaldó la medida al sostener que la facultad fiscalizadora del órgano electoral es permanente y no debe paralizarse por vacíos operativos. En el mismo sentido, el consejero Martín Faz Mora subrayó que se requerían controles preventivos para impedir ventajas financieras indebidas antes de los plazos legales de precampaña.
Los reparos jurídicos: duplicidad de normas y falta de consenso
El bloque mayoritario rechazó la viabilidad del documento por considerar que invadía materias ya reglamentadas y carecía de solidez técnica. La consejera Norma Irene de la Cruz Magaña afirmó que el proyecto contenía contradicciones y pretendía normar aspectos que el marco legal electoral ya resuelve mediante sus cauces ordinarios.
Asimismo, surgieron cuestionamientos sobre las fronteras de fiscalización de la autoridad electoral frente a la propaganda en redes sociales y la intervención de servidores públicos. El consejero Uuc-kib Espadas Ancona desestimó la creación de un instrumento extraordinario cuando los supuestos ya están tipificados en la ley.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, apuntó que la iniciativa exigía mayor rigor técnico-jurídico y una deliberación colegiada. Taddei Zavala reprochó que el expediente regresara a votación sin adecuaciones sustanciales respecto a versiones previas y sin el trabajo de socialización correspondiente entre todas las consejerías y las representaciones de los partidos políticos.