Inhabilitan hasta 10 años a funcionarios por corrupción en Segalmex, IMSS y CFE
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impone vetos de hasta una década por compras fantasma de víveres, sobreprecios en el IMSS y sobornos en la CFE.
El desvío de recursos públicos y las irregularidades en el aparato federal derivaron en un paquete masivo de castigos administrativos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó sanciones contra 55 servidores públicos y una empresa privada, acumulando penalizaciones económicas por 102 millones de pesos, suspensiones de empleo e inhabilitaciones de hasta una década.
El expediente con mayor quebranto patrimonial recayó sobre excolaboradores de la extinta Diconsa y de Segalmex. Carlos V., Manuel L. y René G. recibieron inhabilitaciones por diez años y la orden de resarcir 73.4 millones de pesos tras avalar pagos por carne que jamás ingresó a los almacenes en 2020. El mismo trío, junto con una empresa proveedora que fue vetada por un año, enfrenta la responsabilidad de devolver otros 16.6 millones de pesos por un cargamento inexistente de atún licitado en 2019.
Las irregularidades alcanzaron esquemas de sobreprecio en el sector salud. En la delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), América M. y Jael L. fueron separadas del servicio público por una década e infraccionadas con 10.1 millones de pesos luego de manipular las referencias del mercado para inflar los contratos de suministro de tóner.
La extorsión en ventanillas de servicio también quedó documentada. Un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Álamos, Sonora, acumuló una suspensión de diez años y una sanción de 72 mil pesos al comprobarse que cobró mordidas de 500 pesos en 18 ocasiones para omitir reportes sobre uso ilícito de energía. En materia de seguridad, diez elementos de la Guardia Nacional terminaron destituidos al descubrirse que tramitaron licencias de portación de armas con certificados académicos apócrifos.
Las resoluciones abarcaron dependencias como Pemex, SAT, Aduanas, Banco del Bienestar, ISSSTE, Conagua y el DIF por faltas que van desde nepotismo y acoso sexual hasta uso de vehículos institucionales para asistir a carreras de caballos y consulta de contenido para adultos en computadoras de oficina. Las conductas graves fueron turnadas y sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que Buen Gobierno ejecutó las medidas correspondientes a faltas administrativas menores.
Estas sanciones demuestran que la corrupción no es un concepto abstracto: cuando un funcionario simula compras de alimentos básicos o infla costos en hospitales, ese dinero deja de traducirse en medicamentos para tu clínica, mejor voltaje de luz en tu colonia y personal de seguridad calificado. Vigilar el destino del erario, denunciar anomalías en trámites públicos y exigir comprobantes oficiales en cualquier ventanilla gubernamental es la vía ciudadana más efectiva para frenar el saqueo de los recursos que tú aportas con tus impuestos.