Jueza de EU ordena frenar trato inhumano en centro migratorio Adelanto
Tras la muerte de cuatro mexicanos y una demanda colectiva, la justicia federal exige a la empresa GEO Group garantizar condiciones básicas, una medida que el Departamento de Estado se había negado a atender por la vía diplomática.
Una jueza federal le acaba de poner un alto al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y a la empresa privada GEO Group. Su orden es clara: tienen que corregir de inmediato las deplorables condiciones en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, un lugar donde ya han perdido la vida cuatro mexicanos.
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La decisión judicial señala que privar a los detenidos de agua potable, comida suficiente y atención médica adecuada es una probable violación a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe estrictamente el trato inhumano a personas bajo custodia.
El nivel de negligencia documentado en el lugar llegó a tal punto que el fallo obliga a la compañía operadora a verificar, dos veces al día, que los internos sigan con vida. Esta resolución es el resultado directo de una demanda de acción colectiva que los propios detenidos, representados por la organización legal Public Counsel, presentaron ante una Corte federal californiana en enero pasado.
El caso expone un fuerte contraste entre el sistema de justicia y la política exterior estadunidense. Apenas 24 horas después de que la jueza emitiera su fallo, el Departamento de Estado le devolvió al gobierno de México una carta en la que nuestro país exigía a la empresa corregir exactamente esas mismas condiciones. En la práctica, el gobierno de Washington rechazó diplomáticamente lo que sus propios tribunales ya habían ordenado un día antes.
Abusos y crisis en el corredor migratorio
La impunidad y los abusos de autoridad son un problema constante en el trato a las comunidades migrantes. Un ejemplo reciente es el caso de Lorenzo Salgado, donde un fiscal contradijo abiertamente la versión oficial de los agentes involucrados, confirmando que Salgado no era la persona que buscaban y que, contrario a lo reportado, nunca los agredió.
A estas irregularidades institucionales se suma una profunda crisis humanitaria fuera de los centros de detención. A lo largo del corredor migratorio que conecta a Centroamérica con Estados Unidos, las organizaciones reportan actualmente un saldo de 2,529 personas no localizadas, reflejo del enorme riesgo que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera.