Keiko Fujimori y el regreso al poder de un apellido que divide a Perú
La lideresa de Fuerza Popular asumirá la presidencia con el enorme desafío de construir gobernabilidad en una nación fracturada por la extorsión, la pobreza y la inestabilidad crónica.
Después de tres intentos fallidos, el fujimorismo regresa al Palacio de Gobierno. Keiko Fujimori venció por un estrecho margen en las urnas y asumirá la presidencia de Perú este 28 de julio, tomando las riendas de una nación asfixiada por la polarización, el avance del crimen organizado y una crisis de gobernabilidad histórica.
La herencia de un apellido histórico
La victoria de la candidata de 51 años fue una de las más cerradas en la historia reciente peruana. Con el 50.13% de los votos frente al 49.86% del izquierdista Roberto Sánchez —una diferencia inferior a 50 mil sufragios—, Fujimori logró revertir la racha de derrotas presidenciales que acumuló en 2011, 2016 y 2021.
Con este triunfo, Perú tendrá a su primera presidenta nikkei. Nacida en Lima en 1975, pertenece a la numerosa comunidad de descendientes de inmigrantes japoneses que echaron raíces en América Latina a principios del siglo XX.
Su figura es inseparable del legado de su padre, Alberto Fujimori, quien en 1990 se convirtió en el primer mandatario peruano de ascendencia japonesa. Hasta el día de hoy, su gobierno despierta pasiones encontradas: sus defensores lo celebran por erradicar la hiperinflación y desarticular a grupos armados como Sendero Luminoso, mientras que sus detractores lo recuerdan por el autogolpe de 1992, violaciones a los derechos humanos y múltiples condenas por corrupción.
Keiko forjó su carrera política bajo esa sombra. Fue primera dama a los 19 años tras el divorcio de sus padres, fundó el partido Fuerza Popular y enfrentó la cárcel preventiva a raíz del escándalo de Odebrecht. El apellido le garantizó una base sólida de votantes, pero a la vez fue su mayor obstáculo para conquistar a los sectores indecisos.
Un país marcado por la inestabilidad y la violencia
Fujimori hereda un país sumido en una profunda crisis institucional. El mercado mediático peruano entró al año electoral 2026 bajo una intensa presión, marcado por el año más mortífero para el periodismo en décadas y una gran inestabilidad política. Esta inestabilidad se refleja en un dato demoledor: Perú ha tenido ocho presidentes distintos desde 2016.
La nueva mandataria deberá lidiar con un Congreso que conserva un enorme poder para destituir al jefe del Ejecutivo. Dado que Fuerza Popular carece de mayoría absoluta, los pactos legislativos serán su única herramienta de supervivencia política.
A este clima de tensión se suma la impugnación de los resultados por parte de Roberto Sánchez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un movimiento que, aunque carece de pruebas contundentes de fraude, mantiene la presión sobre la legitimidad del proceso.
Extorsión, economía y promesas de mano dura
La seguridad inclinó la balanza durante la campaña. Las denuncias por extorsión se dispararon a 26 mil 500 durante 2025, multiplicando por nueve las cifras de hace un lustro. Para frenar esta ola, Fujimori prometió sacar a las fuerzas armadas a las calles, tomar el control de las cárceles y ejecutar expulsiones masivas de extranjeros indocumentados, un mensaje enfocado en la crisis migratoria venezolana.
En el terreno económico, el panorama es de contrastes drásticos. Aunque Perú logró un crecimiento del 3.4% en 2025 y presume una de las tasas de inflación más bajas de la región, la prosperidad no llega a las calles. Cerca del 27% de la población sigue atrapada en la pobreza y siete de cada diez peruanos sobreviven en el sector informal.
Para reactivar el empleo, Fujimori apuesta por atraer mayor inversión privada y fortalecer la alianza comercial con Estados Unidos. Sin embargo, su principal reto no será aprobar reformas económicas, sino cumplir su promesa de instaurar un gobierno de "reconciliación y unidad" en un territorio que se niega a olvidar su pasado.