La Comisión de Cooperación Ambiental revisará el derrame de Pemex en Veracruz
El organismo ambiental analizará si México incumplió leyes tras el incidente en el pozo Krem 1EXP, que ha generado preocupaciones por la salud de los habitantes y daños a cultivos.
La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), la instancia responsable de vigilar los acuerdos ambientales entre Estados Unidos, México y Canadá, ha anunciado que revisará una denuncia presentada contra el Estado mexicano. La queja sostiene que las autoridades no han aplicado correctamente la legislación ambiental tras un incidente de contaminación por hidrocarburos en un pozo de Pemex ubicado en Las Choapas, Veracruz.
El origen del conflicto se remonta a principios de marzo de 2026, cuando el pozo exploratorio Krem 1EXP de Pemex perdió el control operativo. La denuncia, formalizada el 9 de junio, señala que las emisiones de gas desde el pozo han continuado de manera prolongada, provocando descargas de residuos que estarían contaminando los cuerpos de agua locales.
Según los afectados, la situación ha derivado en la aparición de lluvia ácida, daños directos al ganado y los cultivos, y una exposición constante de los habitantes de comunidades cercanas a riesgos para su salud y su entorno natural.
Por su parte, Pemex ha intentado contener la situación. El 5 de junio, el director de la petrolera estatal estimó que los trabajos para extinguir y contener las emisiones tomarían aproximadamente dos semanas, asegurando que el incidente estaba bajo control y que se habían enviado suministros para atender la emergencia. Posteriormente, el 12 de junio, la empresa emitió un comunicado afirmando que los niveles de contaminantes en el aire se encuentran dentro de los parámetros permitidos. Aunque aclaró que no hay asentamientos humanos inmediatamente junto al sitio, Pemex informó que está ofreciendo servicios médicos móviles a los residentes de Las Choapas.
Ahora, la CCA tiene un plazo de 30 días para determinar si México debe responder formalmente a los señalamientos de la denuncia. Esta revisión pone nuevamente sobre la mesa la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de sus propias leyes ambientales ante accidentes operativos de sus empresas productivas.