La ofensiva de Trump contra la izquierda que esquiva al Congreso
A través de un memorando ejecutivo, la Casa Blanca permite al FBI y a las fiscalías investigar y encarcelar a disidentes por sus posturas, saltándose el contrapeso legislativo.
Una directiva de seguridad nacional firmada por el presidente Donald Trump está cambiando radicalmente las reglas del juego en Estados Unidos. Sin pasar por el filtro del Congreso, el memorando NSPM-7 autoriza a las fuerzas del orden a investigar a personas y organizaciones no por planear actos violentos, sino por su forma de pensar y su filiación política, abriendo la puerta a condenas históricas contra grupos de izquierda.
El 25 de septiembre de 2025, la política de seguridad interior estadounidense dio un giro conceptual definitivo con la firma del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM-7). Por primera vez, el gobierno federal dio luz verde a sus agencias para ejecutar medidas preventivas basadas exclusivamente en la ideología, dejando en segundo plano la necesidad de probar la planificación de delitos violentos.
El texto define como posibles amenazas de "terrorismo doméstico" a quienes sostengan posturas "anticristianas", "anticapitalistas" o "antiamericanas". También pone en la mira cualquier línea de pensamiento vinculada al antifascismo, posturas extremas sobre migración, raza o género, e incluso la hostilidad hacia nociones tradicionales sobre la familia y la religión. Todo esto se ha implementado desde el Poder Ejecutivo, lo que evita la obligación de publicar la norma de forma transparente o de someterla a la supervisión inmediata del Congreso. En la práctica, otorga al presidente un control casi absoluto para dirigir a los aparatos de justicia e inteligencia.
La maquinaria institucional no tardó en operar. Para diciembre de ese mismo año, la entonces fiscal general Pam Bondi ordenó revisar los expedientes históricos de grupos vinculados al movimiento antifa. El FBI armó una división específica para coordinar investigaciones con el fisco (IRS) dirigidas a exprimir las finanzas de organizaciones sin fines de lucro. A la par, unos 200 equipos de las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo reorientaron sus radares para rastrear campañas de alteración del orden público en todo el país.
Aunque la ley estadounidense prohíbe clasificar a organizaciones nacionales como "grupos terroristas" —una etiqueta reservada para entidades extranjeras—, las fiscalías encontraron un atajo efectivo: aplicar agravantes por terrorismo en las sentencias individuales de los activistas.
Los resultados judiciales de esta estrategia llegaron rápido y con gran dureza. En junio de 2026, ocho personas acusadas de pertenecer a una supuesta célula antifa en Texas recibieron condenas de hasta 100 años de prisión por un altercado en un centro de detención de migrantes, a pesar de que nadie disparó un arma. Semanas después, 15 integrantes de Direct Action Minnesota fueron imputados; las supuestas evidencias presentadas en su contra incluían el uso de megáfonos, mensajes con emojis en aplicaciones encriptadas y portar camisetas con la frase "¡Soy Antifa!".
La estrategia interna también cruzó fronteras. El 16 de julio de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, reunió en Washington a representantes de más de 65 países en lo que se bautizó extraoficialmente como la "cumbre Antifa". Ahí, el gobierno estadounidense anunció el inicio de una ofensiva global contra la izquierda radical, señalando a Irán y Cuba de financiar estas redes transfronterizas, aunque no se presentaron pruebas concretas de dichas acusaciones. Esto marca una enorme ruptura con el pasado: mientras administraciones anteriores enfocaban sus recursos antiterroristas en amenazas extranjeras tras eventos traumáticos, el modelo actual instrumentaliza la seguridad nacional para asfixiar la disidencia política interna.
Esta directiva borra la delgada línea entre la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el terrorismo. Si vives en Estados Unidos, planeas mudarte, viajas constantemente o participas activamente en debates políticos en plataformas digitales, el panorama legal se ha vuelto mucho más estricto. Participar en una marcha, donar dinero a una causa social o simplemente expresar inconformidad con ciertas políticas en internet ahora conlleva el riesgo real de ser perfilado por agencias de inteligencia, afectando libertades civiles que dábamos por garantizadas.