México pide a EU la detención de la esposa de García Luna.
La Fiscalía acusa a Linda Cristina Pereyra de participar en un desvío de 5 mil millones de pesos, pero su ciudadanía estadounidense obtenida en 2019 podría frenar el proceso judicial.
El gobierno mexicano dio un paso más en la ofensiva legal contra el círculo cercano de Genaro García Luna. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó a Estados Unidos el arresto urgente y la extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa del exfuncionario, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Mediante un documento de transparencia, la Cancillería confirmó que las autoridades estadounidenses ya analizan la petición impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR). Para acelerar el trámite, México invocó el artículo 11 del Tratado de Extradición bilateral, una herramienta legal que permite detener a una persona antes de enviar todo el expediente del caso.
Un fraude millonario desde las prisiones.
La orden de captura que originó este proceso se emitió en 2023. La FGR señala a Pereyra como una operadora clave dentro de una estructura de más de 50 personas dedicada a exprimir el presupuesto público. Según la acusación, esta red obtuvo contratos irregulares y con sobreprecios para equipar cárceles federales, provocando un daño al erario superior a los 5 mil 112 millones de pesos.
Parte de los involucrados en esta trama ya enfrentan a la justicia. Autoridades mexicanas arrestaron previamente a una hermana y a un sobrino del exsecretario, mientras que en España cayó el empresario Alexis Weinberg, quien hoy lleva su proceso en libertad bajo fianza.
El obstáculo del pasaporte.
Aunque la orden judicial lleva meses lista, la SRE admitió que no existían peticiones formales de detención contra Pereyra durante 2024 ni 2025 por este caso. Ahora el escenario cambia, pero el éxito de la extradición choca con una barrera diplomática seria: Linda Cristina y sus hijos obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2019.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido sobre la resistencia histórica del gobierno de Estados Unidos para entregar a sus propios ciudadanos. Además, el tratado no le impone plazos a Washington para dar una respuesta. Si llegan a arrestarla, el gobierno mexicano tendrá exactamente 60 días para mandar las pruebas completas y sostener la acusación.
La última vez que Pereyra apareció en público fue en octubre del año pasado, cuando cruzó las puertas de la Corte Federal de Brooklyn. Ahí escuchó cómo el juez Brian Cogan condenaba a su esposo a 38 años de cárcel por sus lazos con el Cártel de Sinaloa.
Los pendientes de García Luna.
Mientras los reflectores apuntan a su esposa, Genaro García Luna sigue encerrado en la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, esperando una audiencia de apelación programada para noviembre.
México mantiene vigentes tres peticiones de extradición contra él: una por este mismo fraude carcelario, otra por contratos penitenciarios distintos y una más por su participación en el operativo de tráfico de armas 'Rápido y Furioso'. Hasta agosto, todas seguían congeladas bajo estudio en oficinas estadounidenses.
Entender los alcances de este tipo de juicios va mucho más allá de ver caer a figuras públicas en los noticieros. Los 5 mil millones de pesos desviados en esta red de contratos irregulares representan dinero de tus impuestos que dejó de invertirse en clínicas, escuelas, pavimentación o en mejorar la seguridad de las calles por las que caminas a diario. Darle seguimiento a los procesos de extradición es clave para exigir que los recursos públicos robados no queden impunes al cruzar una frontera y que el sistema garantice que ese dinero trabaje para tu comunidad, no para enriquecer a redes criminales.