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México prevé recaudar más por dumping, pero recortará al área técnica

El Paquete Económico para 2027 estima 2,806 millones de pesos por cuotas compensatorias, mientras reduce en 41.1% los fondos de la Secretaría de Economía para litigar y frenar el comercio desleal.

Por Daniel Ortiz · Publicado el 14 de septiembre de 2026
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El gobierno federal busca exprimir mayores recursos a las prácticas desleales de comercio internacional sin invertir en el aparato estatal que las detecta. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 proyecta un repunte real de 50.4% en la recaudación por cuotas compensatorias —con las manufacturas chinas en el centro de las revisiones—, al tiempo que el Proyecto de Presupuesto de Egresos perfila un recorte real de 41.1% a la unidad técnica encargada de investigarlas y sostenerlas en tribunales.

Hacienda estima captar 2,806 millones de pesos durante 2027 mediante el cobro de cuotas compensatorias aplicadas en aduanas. Estos recursos ingresan bajo el rubro de aprovechamientos y gravan a mercancías importadas bajo esquemas de discriminación de precios (dumping) o subsidios gubernamentales indebidos. A diferencia de un arancel general, no son castigos automáticos: requieren procedimientos probatorios rigurosos para certificar el perjuicio financiero directo sobre los fabricantes nacionales.

El diseño institucional separa las funciones: la Secretaría de Economía, mediante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), desarrolla el trabajo pericial y fija las cuotas, mientras el Servicio de Administración Tributaria efectúa la recaudación en los puntos de entrada. La paradoja presupuestal salta a la vista: la recaudación récord prevista para 2027 no nutre a la UPCI, sino que va a la caja general del Estado, mientras la oficina técnica pierde casi la mitad de sus recursos operativos.

Carga de trabajo en máximos históricos El ajuste presupuestal coincide con el periodo de mayor litigio comercial en las últimas tres décadas:

  • Repunte de casos: En 2025 comenzaron 21 investigaciones antidumping en México, un volumen no registrado desde 1994, cuando se abrieron 22 expedientes.

  • Presión en 2026: Entre enero y julio se iniciaron 13 investigaciones antidumping y una antisubvención, sumando en septiembre un procedimiento adicional sobre placa de acero japonesa para totalizar 14 casos.

  • Expedientes abiertos: Al cierre de julio de 2026, la dependencia gestionaba 69 trámites activos: 32 indagatorias antidumping, dos por subvenciones, 29 exámenes de vigencia y seis revisiones de cuotas.

La metodología de la Organización Mundial del Comercio clasifica cada caso por binomio producto-país. Un expediente como el de aceros laminados en frío, abierto a inicios de año, cuenta como tres investigaciones simultáneas debido a que involucra cargamentos procedentes de Estados Unidos, Malasia y China, sumando además una querella antisubvención contra el producto estadounidense.

El peso del mercado asiático La avalancha de expedientes aceleró las sanciones firmes. Mientras en 2025 se publicaron cuatro resoluciones definitivas con cuotas a mercancías chinas (resina de poliéster, calzado, hule SBS y clavos de acero), hasta septiembre de 2026 se acumularon nueve resoluciones más. Entre ellas figuran cobros al aceite epoxidado de Brasil y China, vidrio flotado de China y Malasia, conservas de piña del sudeste asiático y perfiles de aluminio.

Al cierre de julio existían 97 cuotas compensatorias vigentes sobre 63 productos procedentes de 22 naciones. China acapara 45 de estas sanciones (46.39% del total), mientras Estados Unidos suma diez. Por ramas productivas, las industrias metálicas básicas y manufacturas concentran 61.85% de las medidas activas, reflejando el exceso de capacidad fabril asiática en acero, aluminio y resinas plásticas.

Para los empresarios mexicanos, los trabajadores industriales y los consumidores finales, la solidez técnica de estas investigaciones define las reglas del juego en el mercado interno. Si la autoridad recorta personal calificado o carece de fondos para peritajes complejos, las empresas nacionales quedan desprotegidas ante la entrada de insumos artificialmente baratos que destruyen empleos locales. Por otro lado, si las cuotas se aplican con deficiencias legales y se caen en tribunales por falta de sustento, los fabricantes enfrentan incertidumbre operativa y los precios de materiales esenciales para la construcción, el calzado o los empaques pueden distorsionarse, encareciendo los bienes cotidianos que llegan a las familias.

Firma Editorial: Daniel Ortiz

Periodista y analista en InfoBullet México. Ver perfil editorial y más artículos →

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