Multas de 998 dólares diarios: el nuevo plan de EU contra migrantes deportados

Si pensabas que una deportación marcaba el final de un proceso migratorio con Estados Unidos, el panorama acaba de cambiar. La actual administración federal planea enviar agencias privadas de cobranza a México y Centroamérica para exigir el pago de multas acumuladas a miles de personas que cruzaron la frontera sin autorización o se quedaron más tiempo del permitido.

El gobierno de Donald Trump afina una agresiva estrategia financiera dirigida a los mexicanos y centroamericanos que ya fueron expulsados de su territorio. El objetivo central es cobrar sanciones económicas pendientes por no abandonar el país en el momento en que un juez lo ordenó. La penalización no es menor: asciende a 998 dólares por cada día adicional que el migrante haya permanecido en Estados Unidos de forma irregular.

A esta cifra se suma una política sancionatoria implementada desde el año pasado. Quienes sean detenidos intentando cruzar la frontera sin documentos enfrentan una multa directa de 15 mil dólares. Este monto puede elevarse aún más si el arresto ocurre en zonas vigiladas mediante operativos conjuntos entre oficiales migratorios y las fuerzas armadas.

La escala de esta operación de cobro es masiva. La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tiene en la mira a 66 mil 387 personas deportadas. Al sumar los expedientes, la deuda global supera los 423 millones de dólares.

Para recuperar este dinero, las autoridades estadounidenses acaban de cerrar una licitación exprés de tres días. La meta de este proceso es contratar agencias privadas de cobranza en Estados Unidos que tengan la capacidad operativa de viajar al extranjero. Los agentes tendrán la tarea de localizar cara a cara a los deudores para notificarles y exigirles el pago de estas multas civiles. Los documentos oficiales del gobierno marcan a México, Honduras y Guatemala como los países de máxima prioridad para estos rastreos.

Conocer esta medida es vital si tú o algún familiar regresaron recientemente bajo un proceso de deportación. Entender que Estados Unidos está delegando el cobro de estas sanciones a empresas privadas te permite estar alerta ante posibles notificaciones formales o visitas a tu domicilio. Estar informado te ayuda a buscar asesoría legal preventiva a tiempo y, sobre todo, a protegerte de posibles fraudes o extorsiones orquestadas por falsos gestores que intenten aprovecharse de la incertidumbre migratoria en tu comunidad.