Nueva Ley de Juegos y Sorteos va contra lavado de dinero en casinos
El proyecto pasará por el Gabinete de Seguridad antes de ir al Congreso. La Secretaría de Gobernación y la UIF ya investigan a 20 establecimientos por irregularidades graves.
Después de casi 80 años operando con las mismas reglas, la industria de los casinos y las apuestas en México está a punto de enfrentar un cambio radical. El gobierno federal tiene en su fase final una nueva ley que busca frenar el lavado de dinero y la corrupción que rodea a estos centros de entretenimiento.
El marco regulatorio que hoy rige a los establecimientos de apuestas en el país se redactó en 1947. Para actualizarlo, la Secretaría de Gobernación (Segob) elaboró una propuesta integral de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que modernizará sus facultades de autorización, supervisión y fiscalización.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, confirmó este jueves desde Palacio Nacional que el proyecto ya está articulado. Antes de ser enviado al Congreso para su votación, pasará por una revisión exhaustiva del Gabinete de Seguridad, un filtro diseñado para blindar la iniciativa contra los riesgos delictivos asociados al sector.
El mensaje para los empresarios de la industria es directo. De acuerdo con la secretaria, en reuniones previas con los principales permisionarios se establecieron reglas claras: cualquier intento de soborno a funcionarios o el uso de intermediarios para agilizar trámites terminará en la clausura inmediata del recinto y la apertura de investigaciones penales.
Los operativos ya están en marcha. A través de un trabajo coordinado entre la Segob, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades han ejecutado sanciones y cierres por defraudación fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita. Aunque el registro público reporta 13 casinos intervenidos, las estimaciones de Gobernación apuntan a que alrededor de 20 inmuebles se encuentran bajo investigación por faltas graves.
Actualizar una ley de mediados del siglo pasado no es solo un trámite administrativo. Para el ciudadano común, esta reforma importa porque busca bloquear una de las principales vías que utiliza el crimen organizado para lavar sus ganancias, un delito que fortalece directamente la inseguridad en el país. Al mismo tiempo, obligará a que estos centros operen bajo controles estrictos de legalidad, asegurando que una industria millonaria pague los impuestos que eventualmente se traducen en los servicios y obras públicas que utilizas a diario.