ONU califica de "arbitraria" la detención de Pedro Castillo y pide liberarlo
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria determinó que el exmandatario fue arrestado sin que el Congreso retirara su inmunidad y señaló graves fallas en su debido proceso.
La detención de Pedro Castillo tras su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 ha vuelto al centro del debate. Un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que el arresto del expresidente peruano fue "arbitrario" y pidió su liberación inmediata. Aunque el documento no obliga legalmente a Perú a cumplir la resolución, supone un fuerte cuestionamiento internacional al proceso judicial que mantiene al exmandatario tras las rejas.
El informe de 19 páginas, revelado por el portal El Foco, desmenuza los motivos por los que el panel de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos considera que los derechos de Castillo fueron vulnerados. El argumento central de la ONU es que la privación de su libertad careció de una base legal sólida desde el primer momento.
Según los expertos, al ser arrestado, Castillo aún ostentaba la investidura presidencial. Para proceder legalmente, el Congreso debió levantar su inmunidad mediante un antejuicio político antes del arresto, un trámite que los legisladores completaron de forma retroactiva, cinco días después de que ya estaba en manos de las autoridades.
Además, el organismo señaló dos fallas procesales críticas:
Autoridad no competente: El grupo sostiene que el Ministerio Público no tiene las facultades legales para ordenar una detención de esta naturaleza, al no ser una autoridad judicial independiente con ese fin.
Indefensión: Se determinó que el exmandatario no fue notificado debidamente para preparar su defensa antes de que el Congreso declarara su vacancia por "incapacidad moral permanente".
La sombra de las irregularidades también se extiende a la audiencia de prisión preventiva del 15 de diciembre de 2022. El reporte es enfático al señalar que Castillo fue representado por un defensor público impuesto sin su consentimiento, a quien no se le dio tiempo suficiente para revisar el expediente, dejando al acusado en un estado de indefensión total.
"El remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización", subraya el grupo, que también recomendó al Estado peruano abrir una investigación exhaustiva sobre todas las irregularidades detectadas. Por ahora, el gobierno peruano enfrenta una presión diplomática renovada, mientras el caso continúa alimentando la fractura política que vive el país desde hace años.