Operación Enjambre: detienen a alcalde de Juchitán por cobro de piso
Fuerzas federales aprehendieron al morenista Miguel Sánchez Altamirano y a su presunto operador criminal; la estrategia suma 112 servidores públicos procesados en el país.
El alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, fueron aprehendidos por autoridades federales y estatales mediante órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció el arresto conjunto de ambos sujetos a través de sus canales oficiales. Las pesquisas de inteligencia sitúan al mandatario municipal como pieza clave dentro de una red delictiva dedicada a exigir cuotas ilegales a comerciantes y dueños de empresas locales, tráfico humano, distribución de drogas y homicidios en la región del Istmo.
Sánchez Altamirano llegó a la alcaldía abanderado por Morena y la coalición oficialista. Las investigaciones federales indican que la estructura a su cargo facilitaba esquemas de protección y complicidad para garantizar la operatividad de grupos delictivos en el municipio.
Para debilitar la capacidad económica del entramado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el aseguramiento de capitales y el bloqueo total de cuentas bancarias asociadas con los imputados. García Harfuch precisó que las acciones de campo continúan activas en la demarcación para identificar a otros cómplices y desarticular la red de respaldo local.
El arresto se concretó en el marco de la estrategia federal denominada "Operación Enjambre", alineada con la política de Cero Impunidad del gobierno de Claudia Sheinbaum y coordinada con la administración del gobernador oaxaqueño Salomón Jara. Participaron en el despliegue la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y las instituciones ministeriales y policiales de Oaxaca.
Con esta captura, la estrategia acumula 112 servidores públicos detenidos en distintas entidades federativas, incluidos alcaldes y funcionarios tanto del oficialismo como de partidos opositores, tras registrar 111 capturas al corte oficial de septiembre.
Para los comerciantes y ciudadanos del Istmo, este proceso judicial representa una vía institucional directa para denunciar cobros indebidos de cuotas sin la intermediación de autoridades locales coludidas, permitiendo a los negocios reactivar su actividad comercial bajo supervisión de fuerzas federales y reportar cualquier intento de extorsión a las líneas anónimas de la SSPC y la FGR.