Operación Enjambre ¿Limpia o estrategia electoral?

Enmarcado funcionalmente dentro de los ejes prioritarios del Gobierno de la República para combatir los delitos de extorsión sistemática, cobro de derecho de piso, secuestro exprés, homicidio calificado y peculado, el dispositivo persigue el desmantelamiento de las redes de protección institucional que convierten a los aparatos gubernamentales locales en brazos operativos del crimen organizado.

La concepción estratégica de la operación descansa en un esquema conjunto de alta coordinación interinstitucional articulado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo la conducción de Omar García Harfuch, operado de manera simultánea con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en estrecha conjunción con las Fiscalías Generales de Justicia estatales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

A diferencia de los patrullajes reactivos tradicionales, Enjambre se fundamenta en labores prolongadas de ciberinteligencia, análisis forense patrimonial y geolocalización táctica, lo que permite desplegar órdenes de aprehensión y cateos de forma sincrónica en múltiples demarcaciones territoriales.

Esta sincronización neutraliza las cadenas de alertamiento temprano y contubernio que históricamente operaban las policías locales en favor de liderazgos delictivos y mandos políticos regionales.

El origen formal del Operativo Enjambre data del 22 de noviembre de 2024, fecha en que las fuerzas federales y estatales ejecutaron la primera fase masiva de incursiones simultáneas en diversas regiones del Estado de México.

No obstante, el antecedente de investigación que detonó la construcción del expediente judicial se remonta a abril de 2024, a partir del hallazgo de fosas clandestinas y centros de exterminio en la comunidad de San Francisco Magú, dentro del municipio mexiquense de Nicolás Romero.

Hacia septiembre de 2026, el saldo nacional del Operativo Enjambre registra la captura de 111 servidores públicos y operadores delictivos. El análisis de la composición de los detenidos ilustra la capilaridad de la corrupción municipal: el 92 % de los aprehendidos no poseía cargos de elección popular ni militancia visible, correspondiendo a mandos operativos policiales, directores de obras públicas, jueces cívicos y jefes de seguridad municipal; en tanto, el 8 % restante estuvo integrado por ediles, exalcaldes y presidentes municipales electos.

Dentro de la arquitectura de la Operación Enjambre, las fuentes oficiales del Gabinete de Seguridad e informes ministeriales acreditan formalmente a 14 presidentes y expresidentes municipales vinculados a proceso penal o recluidos en centros penitenciarios bajo los alcances directos del operativo.

La solidez técnica del modelo radica en el blindaje penal provisto por la FGR y el rastreo de activos de la UIF, lo que ha elevado sustancialmente la tasa de vinculaciones a proceso y sentencias definitivas en comparación con redadas de sexenios pasados.

A pesar de sus impactos positivos inmediatos en la contención delictiva, la prospectiva del programa plantea retos de sostenibilidad institucional. La detención o remoción de alcaldes y cuerpos directivos desencadena deserciones masivas en las policías locales, tal como se documentó en Esperanza, donde únicamente tres elementos se presentaron al pase de lista tras las redadas federales.

La eficacia estructural a largo plazo del Operativo Enjambre no residirá únicamente en la judicialización de los mandatarios municipales involucrados, sino en la capacidad de los gobiernos estatales y de las Fuerzas Armadas para ocupar de forma sostenida el vacío operativo, reconstruir desde sus cimientos las instituciones de justicia locales y evitar que las plazas depuradas sean recapturadas por cárteles antagonistas.