Pacto aguacatero de 3,500 mdd: cero deforestación y derechos laborales
El convenio suscrito con la APEAM busca proteger una industria que genera 3,500 millones de dólares anuales en divisas, sumando inspección sanitaria y compromisos de seguridad social para los trabajadores del campo.
El gobierno federal y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) establecieron una alianza estratégica mediante dos acuerdos que buscan ordenar la cadena productiva del llamado "oro verde", con el compromiso central de erradicar la deforestación y garantizar condiciones laborales dignas para los jornaleros.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma de dos instrumentos de colaboración orientados a fortalecer la producción, sanidad y trazabilidad del aguacate mexicano. El convenio contó con la presencia de Raúl Martínez, titular de la APEAM, así como de un equipo de alto nivel integrado por Columba Jazmín López Gutiérrez (Agricultura), Luisa María Alcalde Luján (Consejería Jurídica), Antonio Martínez Dagnino (SAT) y Francisco Javier Calderón Elizalde (SENASICA).
La relevancia económica del sector sostiene el peso de las negociaciones. Con exportaciones que rondan los 3,500 millones de dólares al año hacia el mercado estadounidense, la industria del aguacate representa el sustento directo de miles de familias rurales en entidades clave como Michoacán y Jalisco, donde la mayoría de las huertas pertenecen a pequeños agricultores.
Los nuevos lineamientos establecen reglas claras para impedir el cambio de uso de suelo forestal y combatir la tala clandestina destinada a la siembra irregular. De manera paralela, los convenios integran mecanismos de vigilancia formal para que las cuadrillas agrícolas cuenten con esquemas reales de seguridad laboral, salarios conforme a la ley y cobertura de salud.
Para socializar estas obligaciones y evitar contratiempos comerciales en las aduanas, el gobierno federal desplegará una campaña masiva de difusión técnica. La meta del sector exportador consiste en dotar de certeza jurídica y ambiental a un producto que aspira a mantener su liderazgo internacional durante las próximas tres décadas.
Si eres productor agrícola, comerciante o consumidor final, este tipo de regulaciones marca un precedente directo en tus hábitos y bolsillo. Para quienes trabajan la tierra, adaptarse a las normas de certificación y registro laboral evitará multas fiscales o el cierre de canales de exportación; y para el comprador diario en el mercado, exigir y consumir producto con sello de trazabilidad garantiza que el fruto en tu mesa no sea producto del despojo ambiental ni de la precarización en el campo.