Reforma al IEPS abarataría el alcohol y abriría boquete fiscal

Una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados busca transformar el cobro de impuestos al alcohol mediante una cuota fija por grado etílico, un viraje tributario que, lejos de beneficiar las finanzas del país, abarataría las botellas hasta 25%, dispararía el consumo en sectores vulnerables y costaría al erario más de 26 mil millones de pesos.

El debate fiscal en San Lázaro abrió un frente crítico entre salud pública y recaudación hacendaria. El legislador Francisco Javier Guízar Macías presentó un proyecto para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), buscando sustituir el actual modelo ad valorem —que cobra un porcentaje directo sobre el valor de venta— por una cuota fija de 1.38 pesos por grado de alcohol por litro, añadiendo un estímulo fiscal del 90% para productores e importadores artesanales.

Especialistas, académicos y organizaciones civiles encendieron las alarmas al señalar que el dictamen atiende a cabildeos de empresas tequileras y destiladoras tradicionales a costa de desproteger el bienestar colectivo. Las proyecciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) confirman la gravedad del escenario: aplicar una cuota de 1.38 pesos abarataría el precio en anaquel entre un 5.1% y un 24.9%, lo que generaría un repunte en el consumo de bebidas alcohólicas de hasta 36.8% en todo el territorio nacional.

El costo financiero para el Estado resultaría mayúsculo. El CIEP estimó que la reforma provocaría una pérdida recaudatoria superior a los 26 mil millones de pesos. Para evitar un agujero fiscal y mantener los ingresos públicos actuales, la cuota base tendría que situarse en un mínimo de 2.40 pesos por grado de alcohol, o elevarse a 4.95 pesos si la meta gubernamental consistiera en incrementar los ingresos en más de 24 mil millones de pesos para fondear hospitales y clínicas.

La discusión no es técnica ni abstracta para las familias de a pie: cuando las bebidas alcohólicas se abaratan artificialmente, crecen los accidentes de tránsito, la violencia doméstica y los costos médicos por enfermedades crónicas que terminan saturando los centros de salud pública comunitarios. Mantenerse al tanto del curso de esta votación permite a la ciudadanía vigilar si los legisladores protegen el presupuesto destinado a servicios públicos esenciales o si ceden ante privilegios comerciales que trasladan la factura sanitaria directo a los hogares.

Firma Editorial: Daniel Ortiz

Periodista y analista en InfoBullet México. Ver perfil editorial y más artículos →