Sheinbaum pedirá reactivar la ficha roja contra Gómez Mont y Álvarez Puga
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó a la pareja de “factureros reconocidos” y adelantó que solicitarán formalmente restituir la alerta internacional de captura.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló la ficha roja de localización y captura emitida contra la expresentadora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, según informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria mexicana detalló que las autoridades federales investigan los motivos de esta determinación internacional. El gobierno mexicano promoverá las gestiones necesarias ante el organismo policial para reactivar la orden de búsqueda fuera del territorio nacional.
Sheinbaum subrayó que ambos mantienen órdenes de aprehensión vigentes en México por presuntas operaciones ilícitas. De acuerdo con las declaraciones presidenciales, existen elementos probatorios suficientes que acreditan la emisión y uso de comprobantes fiscales apócrifos para facilitar la evasión de impuestos a diversos grupos empresariales. La titular del Ejecutivo insistió en que cualquier desplazamiento de la pareja entre fronteras debe derivar en su aseguramiento judicial.
En el mismo encuentro con medios, la jefa del Ejecutivo federal abordó el principio de colaboración bilateral con Estados Unidos. Señaló que su administración mantiene gestiones para revocar el asilo otorgado a Ulises Bernabé García, exjuez de Barandilla implicado en el caso Ayotzinapa, argumentando que falseó declaraciones y no enfrentaba un riesgo comprobado a su integridad física. Sheinbaum puntualizó que la relación institucional con el Departamento de Justicia estadounidense exige una reciprocidad efectiva frente a los fugitivos reclamados por ambos países.
El seguimiento de estos procesos muestra cómo los litigios financieros y las alertas de extradición impactan de forma directa en el combate a los delitos fiscales. Para los contribuyentes y la ciudadanía, la vigilancia sobre esquemas de facturación falsa define el destino final de los recursos públicos, garantizando que la justicia opere con el mismo rigor ante redes de evasión corporativa que frente a cualquier otra infracción legal.