TEPJF ratifica multa a Google por opacidad electoral
El tribunal confirmó un castigo económico contra la tecnológica tras concluir que retrasó injustificadamente la entrega de reportes sobre propaganda política en Veracruz.
Google intentó librar una sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le cerró la puerta de forma definitiva. Aunque la multa es de apenas 10 mil 857 pesos, el fallo manda un mensaje jurídico claro a los gigantes tecnológicos: las reglas de fiscalización política en México son de cumplimiento obligatorio y deben acatarse a tiempo.
Dos meses de silencio frente al árbitro
El choque legal tuvo su origen en el proceso electoral ordinario 2023-2024 de Veracruz. Mientras el INE revisaba los ingresos y gastos de las precampañas para la gubernatura y las diputaciones locales, detectó posibles irregularidades en la publicidad digital de los partidos políticos.
Para aclarar las cuentas, la autoridad electoral envió cuatro solicitudes urgentes de información a Google entre enero y febrero de 2024. Pese a la prioridad que exigen los calendarios electorales, la empresa tecnológica entregó su respuesta dos meses después de recibir la notificación.
La defensa fallida de la multinacional
Inconforme con la resolución, Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V. impugnó la sanción. En su defensa, la compañía argumentó que la multa carecía de sentido porque finalmente sí había entregado los datos solicitados por la autoridad. También acusó que el árbitro electoral no había individualizado correctamente el castigo.
Entregar tarde sí amerita castigo
Al analizar el caso, los magistrados del TEPJF desestimaron los pretextos de la empresa y respaldaron el actuar del INE. La Sala Superior determinó bajo un criterio clave que la obligación de transparentar el manejo de recursos no se soluciona únicamente entregando los papeles, sino que es indispensable presentarlos dentro de los plazos legales.
El máximo tribunal concluyó que las omisiones y los retrasos de Google afectaron de manera directa los principios de certeza, legalidad y transparencia. Con su lentitud, la empresa obstaculizó temporalmente la tarea constitucional del INE de vigilar y sancionar el financiamiento que reciben los partidos políticos en el país.