Tras captura de 'Quetu', Oaxaca pide anular el cabildo de Juchitán
El Ejecutivo local designará un encargado provisional mientras 250 policías estatales asumen la vigilancia del municipio.
El gobierno de Oaxaca formalizará ante el Congreso local la solicitud para declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, una medida extraordinaria detonada tras la captura de su presidente municipal, investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La administración estatal busca relevar de tajo la estructura de mando en Juchitán de Zaragoza. Salomón Jara Cruz instruyó al secretario de Gobierno presentar ante el Congreso la petición formal para disolver el cuerpo edilicio, dos días después del arresto del alcalde Miguel "N", conocido como "Quetu".
El mandatario explicó a través de un mensaje público que, una vez que el Legislativo apruebe la desaparición de poderes, el Ejecutivo nombrará a un encargado provisional. Esta figura conducirá los servicios y las decisiones institucionales del municipio mientras se normaliza la situación jurídica de la alcaldía. El trámite legislativo aún debe someterse a debate y votación en el pleno para entrar en vigor.
La sacudida política responde a la detención de "Quetu" realizada el 23 de septiembre en un despliegue de fuerzas estatales y federales. La Fiscalía de Oaxaca abrió indagatorias contra el edil por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, ligándolo operativamente a la célula delictiva “Los Cromos”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación. Un juez determinó legal la detención y le dictó prisión preventiva oficiosa, a la espera de que el 29 de septiembre se resuelva su vinculación a proceso.
Ante el vacío de mando, la seguridad de la demarcación pasó por completo a manos del estado. Más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá patrullan las calles en coordinación con corporaciones federales para frenar brotes de violencia en este punto estratégico del Istmo de Tehuantepec.
Para la población y los comerciantes locales, la intervención estatal marca el inicio de un periodo de transición donde trámites básicos, pagos de licencias y reportes de servicios públicos pasarán a depender de la administración temporal designada. La presencia reforzada de patrullajes busca dar garantías operativas inmediatas en los comercios y calles del municipio, mientras las fuerzas políticas en el Congreso definen cómo y cuándo se reanudará la gestión civil ordinaria.