Tres menores muertos: el patrón de violencia en academias militarizadas
Zamir, Erick y Dafne perdieron la vida bajo el cuidado de instructores que ocultaron los hechos bajo supuestos problemas de salud.
Zamir Pinto, de 16 años; Erick Terán, de 13; y Dafne Zapata, también de 13, ingresaron a centros de formación castrense con la expectativa de aprender disciplina o desarrollar habilidades, pero nunca regresaron a sus hogares. Sus historias, ocurridas en un lapso de tres años, comparten una tragedia común: fueron víctimas de instructores que, en lugar de protegerlos, los sometieron a castigos físicos extremos que derivaron en su muerte.
El caso de Erick Terán, fallecido en abril de 2025 tras asistir a un campamento no autorizado, es emblemático. Su madre, Erika Torbellín, relata que su hijo fue víctima de abusos sistemáticos, incluyendo ser arrastrado, golpeado en el abdomen y obligado a realizar tareas denigrantes. La escuela intentó desviar la atención alegando problemas de salud preexistentes, una estrategia que, según denuncian las familias afectadas, es una constante en estos centros para eludir responsabilidades legales.
La falta de una normativa clara que regule estos espacios educativos es el caldo de cultivo para la impunidad. En el Estado de México, Zamir Pinto murió tras recibir múltiples patadas en el estómago, mientras que en Tamaulipas, el reciente fallecimiento de Dafne Zapata —investigado actualmente como feminicidio— ha vuelto a poner bajo la lupa la ausencia de supervisión estatal sobre quiénes imparten estas clases y qué métodos utilizan.
Las investigaciones han revelado que muchos de los trabajadores en estas academias carecen de la formación pedagógica necesaria para tratar con menores, e incluso se ha cuestionado la veracidad de sus credenciales militares. El "código de silencio" impuesto por los directivos, sumado a las amenazas contra los alumnos que intentan denunciar, ha permitido que el personal involucrado en actos violentos se desplace entre diferentes instituciones sin enfrentar consecuencias definitivas.
Erika Torbellín, quien continúa su lucha por justicia, subraya la urgencia de una intervención gubernamental. “Ya son tres niños. Al mío lo trataron como un caso aislado y claramente no lo es”, afirma. La exigencia de las familias es clara: que las autoridades dejen de ver estos centros como instituciones autónomas y comiencen a realizar visitas de inspección reales que garanticen la integridad física de los menores que aún permanecen bajo su tutela.