Vinculan a proceso a cuatro de La Chamaquiza de Los Chapitos en Mazatlán

Un juez de control federal vinculó a proceso a cuatro presuntos integrantes de "La Chamaquiza", célula armada alineada a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Entre los imputados figura Jesús Antonio Gutiérrez, alias "El Peli", identificado por las autoridades como el principal operador de esta estructura en Mazatlán, a quien se le atribuyen actividades de secuestro, extorsión y delitos contra la salud.

La resolución judicial derivó de una serie de cateos coordinados entre el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional en el puerto de Mazatlán.

Durante el despliegue ministerial quedaron bajo custodia Jorge Adrián Monárrez López, Tayna Gisele Medina Salazar, Grecia de Jesús Enciso Ozumba (o bien Ozuna) y el propio Jesús Antonio Gutiérrez. En las intervenciones, los agentes federales aseguraron armas de fuego de diversos calibres, cargadores, cartuchos útiles, armas de confección artesanal, envoltorios con polvo blanco con características de cocaína, un vehículo y dos propiedades que servían como centros de operación.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación por delincuencia organizada con fines de cometer secuestro, cobro de piso y narcotráfico. El juzgador determinó que las pruebas aportadas eran idóneas y suficientes para abrir juicio contra los cuatro sospechosos.

Como medida cautelar indispensable, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa que los imputados deberán cumplir dentro del Centro Penitenciario "El Castillo", ubicado en Mazatlán. Asimismo, se estableció un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía integrará peritajes balísticos y análisis patrimoniales adicionales.

Conocer estas detenciones y el avance formal de los procesos legales permite a los habitantes y comerciantes de la región identificar el debilitamiento de las redes de extorsión y cobro de piso en sus colonias, ofreciendo claridad sobre las acciones de seguridad federal frente al delito común y brindando elementos para denunciar con mayor certeza anomalías en sus comunidades.