Órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales y coordinar procesos locales en México.
El Consejo General del INE aprobó 20 procedimientos de sanción contra el partido. Desde 2025, el acumulado supera los 70 millones de pesos.
Un análisis de Data Cívica revela que las autoridades estatales localizaron 5,274 sitios entre 2018 y 2024, pero rasuraron una quinta parte en los datos oficiales.
Los recursos interpuestos por mujeres ante la autoridad federal pasaron de 17 a 46 frente a 2023; Meta concentra 184 de las 186 solicitudes de remoción de contenido.
Con siete votos contra cuatro, el Consejo General desechó lineamientos para rastrear en tiempo real el dinero usado en giras, encuestas y redes sociales.
La Sala Guadalajara determinó que una caricatura sexualizó la imagen de la diputada Itzul Barrera; el autor argumenta maquetación impresa y acusa indefensión.
Tras el cambio de postura de la ministra Loretta Ortiz respecto a su voto de enero, el pleno del máximo tribunal perfila reconocer la facultad legal del árbitro electoral para frenar reformas o medidas de congresos y gobernadores.
El secretario de Seguridad comparece tres horas ante la Jucopo, defiende la soberanía en la cooperación bilateral y anuncia estrategia conjunta con el INE para blindar los comicios de 2027.
La Sala Superior determinó por unanimidad que un documento de 20 por 28 centímetros no puede entrar intacto en una ranura de 12 centímetros sin implicar fraude.
El pleno descartó la impugnación del PRI al considerar que el cruce de datos con seguridad e inteligencia es voluntario y no vulnera el derecho al voto; en la misma sesión fijó tope de 5 años al SAT.
El repunte en la entrega de cartas de nacionalidad dispara el interés electoral de migrantes latinoamericanos en los comicios intermedios más grandes del país.
El órgano electoral busca ahorrar 374 millones de pesos quitando seguros y pagos fijos a más de 12 mil puestos operativos, mientras reserva compensaciones de hasta 852 mil pesos para la alta dirección.
La Sala Superior descartó una falta centralizada y ordenó abrir a los partidos la comisión que detecta nexos con el crimen organizado.