Máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en México.
Los recursos interpuestos por mujeres ante la autoridad federal pasaron de 17 a 46 frente a 2023; Meta concentra 184 de las 186 solicitudes de remoción de contenido.
La Sala Guadalajara determinó que una caricatura sexualizó la imagen de la diputada Itzul Barrera; el autor argumenta maquetación impresa y acusa indefensión.
La Sala Superior determinó por unanimidad que un documento de 20 por 28 centímetros no puede entrar intacto en una ranura de 12 centímetros sin implicar fraude.
El órgano electoral busca ahorrar 374 millones de pesos quitando seguros y pagos fijos a más de 12 mil puestos operativos, mientras reserva compensaciones de hasta 852 mil pesos para la alta dirección.
El convenio incluye formación técnica a funcionarios judiciales para detectar contenidos sintéticos y proteger el voto ciudadano en plataformas digitales.
La Sala Superior descartó una falta centralizada y ordenó abrir a los partidos la comisión que detecta nexos con el crimen organizado.
La organización Poder Ciudadano advierte que quitar la compulsa contra padrones partidistas y relajar filtros para observadores debilita la imparcialidad del voto ciudadano.
Pese a tratarse de comicios intermedios, el instituto busca cuatro mil millones más que en la disputa presidencial de 2024, alegando el aumento del padrón y el costo del papel.
La autoridad electoral determinó que incluir el territorio nacional en el emblema genera una ventaja política indebida. La agrupación tuvo que entregar a contrarreloj un nuevo diseño para asegurar su lugar en las boletas.
La autoridad electoral determinó que la identidad de la nueva organización política confunde a los votantes y se apropia de la identidad nacional. Tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para proponer un nuevo diseño y conservar su registro.
Especialistas del PNUD y del Tribunal Electoral advierten que el verdadero estado de derecho requiere comprender los territorios, las lenguas y los métodos tradicionales para resolver conflictos.
La funcionaria cierra un ciclo de 30 años de carrera judicial. Su dimisión ocurre justo en la antesala de la organización de las próximas elecciones federales y locales.