Anticorrupción reporta ahorros por 84,000 mdp y más de 4,000 sanciones
La revisión temprana de sobrecostos en obra pública y adquisiciones concentró la mayor parte de los recursos retenidos, con 53 vinculaciones a proceso penal.
Detener los desvíos antes de que el dinero salga de las arcas públicas se convirtió en el eje operativo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Durante sus primeros dos años, la dependencia frenó irregularidades por cerca de 84,000 millones de pesos y aplicó sanciones a más de 4,000 funcionarios.
El balance presentado por la secretaria Raquel Buenrostro sitúa el mayor impacto financiero en dos áreas clave: el seguimiento a contratos de obra pública, con 42,000 millones de pesos derivados de revisiones de costos unitarios y posibles sobrecostos, y las compras gubernamentales, con 29,000 millones. El resto provino de la reorganización de estructuras administrativas (7,800 millones) y del cobro de sanciones a contratistas y servidores públicos (4,800 millones).
La estrategia busca romper la inercia de auditar solo cuando el quebranto ya ocurrió. En las compras de equipamiento médico para el IMSS, por ejemplo, la homologación técnica y la apertura de competencia redujeron el precio de adquisición en un 46%. Esta política también abrió espacio a proveedores locales: diez cooperativas cafetaleras de Chiapas, Puebla y Oaxaca surten a 66 instituciones, beneficiando de forma directa a 5,000 familias campesinas, a las que se suman agrupaciones de limpieza y talleres textiles.
En el terreno disciplinario, la secretaría sancionó a 4,193 servidores públicos: 3,528 por faltas no graves y 665 por faltas graves. Las conductas más recurrentes abarcan autorizaciones de pagos indebidos, liquidación de bienes o servicios inexistentes, ocultamiento patrimonial, sustracción de documentos oficiales y hostigamiento sexual. Además, 1,737 expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales 87 ya cuentan con resolución y 1,650 siguen en análisis.
El castigo alcanzó también al sector privado. Unas 286 empresas recibieron sanciones que suman 1,473 millones de pesos por prácticas como falsear documentación en licitaciones, incumplir contratos o encubrir conflictos de interés. En la vía penal, se presentaron 517 denuncias ante el Ministerio Público, resultando hasta ahora en 53 vinculaciones a proceso por delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La intervención en tiempo real en los concursos públicos define la utilidad práctica de este esquema para el ciudadano: cada peso que no se pierde en sobrecostos ni en empresas fantasma ayuda a mantener abastecidos los hospitales y a completar obras de infraestructura sin endeudamiento. Vigilar que las licitaciones sean abiertas y denunciar el cobro de comisiones indebidas fortalece un entorno donde los recursos de los contribuyentes terminan convertidos en servicios tangibles y no en desvíos patrimoniales.