Francisco Vázquez asume Juchitán tras desaparecer poderes del Cabildo
El Poder Legislativo aprobó la intervención ante el proceso penal contra el alcalde saliente; la meta inmediata será organizar elecciones extraordinarias.
El Congreso de Oaxaca decretó la desaparición de poderes en Juchitán de Zaragoza e impulsó la designación del comunicador Francisco Vázquez Jiménez como responsable interino del municipio. La decisión busca frenar la parálisis gubernamental tras la captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, procesado por extorsión agravada.
La crisis institucional en el Istmo de Tehuantepec dio un vuelco administrativo. El Congreso de Oaxaca aprobó la disolución formal del Cabildo de Juchitán de Zaragoza, abriendo paso a una gestión transitoria encabezada por el periodista Francisco Vázquez Jiménez.
El comunicador, conocido por dirigir durante dos décadas el noticiero del sistema estatal Encuentro, se presentó en el Palacio de Gobierno para la toma de protesta formal ante el gobernador Salomón Jara Cruz. Su perfil cobró notoriedad comunitaria semanas atrás, cuando sectores de la población se movilizaron en protestas pacíficas para respaldar su continuidad al frente del cuerpo local de Bomberos.
El origen de la intervención política
El relevo responde directamente al vacío de mando provocado por la captura de Miguel Sánchez Altamirano. La Fiscalía General del Estado detuvo al presidente municipal bajo cargos de extorsión agravada y faltas graves contra la seguridad pública de la entidad, un hecho que fracturó la operación legal del Ayuntamiento en apenas 48 horas.
Objetivos del periodo de transición
La encomienda para Vázquez Jiménez no contempla un mandato regular. Su tarea consistirá en reactivar los servicios urbanos básicos y garantizar la gobernabilidad mientras las autoridades electorales trazan la ruta hacia comicios extraordinarios, instancia donde la ciudadanía juchiteca votará a una planilla edilicia definitiva.
Para el día a día de los habitantes y comerciantes de Juchitán, este relevo destraba trámites municipales frenados por el vacío de firmas, reactiva la supervisión de la seguridad comunitaria y clarifica el calendario de las próximas elecciones extraordinarias, evitando que la crisis penal de sus gobernantes congele los servicios públicos más indispensables.