Giro en la Corte abre la puerta al INE para impugnar abusos locales

Un solo voto en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bastó para dar un giro de 180 grados al equilibrio electoral en México. Con el cambio de postura de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el máximo tribunal se prepara para reconocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí cuenta con facultades legales para interponer controversias constitucionales frente a decisiones de los poderes locales, una vía que el propio tribunal había clausurado a principios de año.

La correlación de fuerzas dentro del pleno de la Suprema Corte sufrió una sacudida técnica de fondo. En enero pasado, una mayoría de cinco votos —conformada por Irving Espinosa Betanzo, Estela Ríos González, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf— había desechado el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, determinando que el órgano electoral federal carecía de legitimación activa para demandar a congresos o gobiernos estatales por la vía constitucional.

Aquel criterio obligó a returnar el expediente al ministro Espinosa Betanzo para redactar una sentencia que confirmara el desechamiento de la controversia constitucional 157/2025. Sin embargo, al votarse ese nuevo documento, la ministra Ortiz Ahlf modificó el sentido de su voto en contra del proyecto que ella misma había respaldado nueve meses atrás, desarticulando el bloque mayoritario y abriendo el camino para que el árbitro electoral sí pueda litigar en el máximo tribunal.

La rectificación detonó roces directos en el salón de plenos. El ministro Espinosa Betanzo reprochó abiertamente la incongruencia entre ambas votaciones, argumentando que su proyecto cumplía al pie de la letra con el fallo votado en enero. Tras desecharse su propuesta, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó reenviar el asunto a Guerrero García para redactar la sentencia definitiva favorable al INE, pero ante el desacuerdo de la ministra Estela Ríos, el caso deberá asignarse de nuevo mediante el turno ordinario.

Este pulso judicial tiene repercusiones directas en las reglas con las que la ciudadanía vota en cada entidad del país. Cuando un congreso estatal recorta presupuestos a los comités locales, altera los calendarios de votación o interfiere con los módulos de credencialización ciudadana, el INE quedaba hasta ahora atado de manos para inconformarse. La nueva ruta jurídica devuelve al instituto un escudo directo para garantizar que las elecciones y los derechos del votante mantengan las mismas garantías y certeza, sin importar presiones políticas locales.

Firma Editorial: Miriam Armas

Periodista y analista en InfoBullet México. Ver perfil editorial y más artículos →