Los Cromos y la red política que paralizó el Tren Interoceánico

El megaproyecto ferroviario del Istmo de Tehuantepec enfrenta su obstáculo más complejo tierra adentro: una estructura de extorsión, despojo de predios y complicidad policial operada por la célula delictiva Los Cromos, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que derivó en la caída del gobierno municipal de Juchitán.

La modernización del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) no solo lidia con la orografía o los retos de ingeniería. Evaluaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron rezagos superiores a doce meses en contratos estratégicos de la Línea Z, tramo que enlaza Coatzacoalcos con Salina Cruz. Aunque los dictámenes técnicos atribuyen las demoras a fallas logísticas y de planeación ejecutiva para corregir pendientes y curvas, los expedientes de seguridad federal revelan que las faenas avanzaron bajo el asedio constante de la delincuencia organizada.

El esquema salió a la luz tras la captura de Miguel Sánchez Altamirano, exalcalde de Juchitán de Zaragoza, y de mandos policiales locales acusados de encubrir a Los Cromos, célula identificada como brazo operativo del CJNG en Oaxaca. Documentos de inteligencia militar del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi Sureste), filtrados en 2022 por el colectivo Guacamaya Leaks, ya advertían desde febrero de 2021 sobre la incursión deliberada de este grupo y bandas rivales —como Los Coyunda, Los Chukis o el Cártel del Golfo— para presionar a constructoras, disputar rutas de tráfico de migrantes y controlar el flujo de precursores químicos en los puertos terminales.

El impacto sobre la población civil y las empresas locales ha sido documentado por organismos como Artículo 19, la Brigada Marabunta y el Centro Prodh. Entre 2018 y 2021, las denuncias por despojo, lesiones y amenazas en los 79 municipios del trazo repuntaron 87.2%, al pasar de 376 a 704 casos. Hacia mayo de 2024 se contabilizaron 226 incidentes de intimidación y cobro de cuotas contra comercios y transportistas de balasto y rieles, situaciones que encarecieron la logística e incidieron en eventos críticos de seguridad férrea en zonas como Nizanda-Chivela.

Pese a la detención del edil y la posterior disolución del ayuntamiento decretada por el Congreso estatal ante el vacío de poder, las presiones contra el patrimonio persisten. Vecinos de la Novena Sección de Juchitán denunciaron recientemente intentos de ocupación ilegal de terrenos encabezados por particulares acompañados por agentes municipales vestidos de civil, lo que obligó a desplegar a la Secretaría de Marina para asumir de forma directa la vigilancia perimetral del tendido férreo.

Comprender esta problemática territorial resulta indispensable para evaluar el costo real de las grandes obras de infraestructura. Cuando las redes de extorsión capturan administraciones locales, el daño no se limita a las cuentas de los consorcios constructores: distorsiona los precios de la canasta básica, encarece el transporte y vulnera la certeza patrimonial de las familias que habitan a lo largo de las vías comerciales del país.

Firma Editorial: Tania Treviño

Periodista y analista en InfoBullet México. Ver perfil editorial y más artículos →